Como Proceso de Reorganización Nacional se autodesignó la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, a consecuencia del golpe de estado producido el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón.
La junta militar encabezada por los comandantes de las tres fuerzas armadas: Jorge Rafael Videla (ejército), Emilio Eduardo Massera (armada) y Orlando Ramón Agosti (fuerza aérea) llegó al poder en un contexto de violento enfrentamiento entre las facciones izquierda y derecha del movimiento peronista; en creciente tensión desde la década del ’60, se habían agravado durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón y exacerbado a su muerte. Continuando el Operativo Independencia que la viuda de Perón había ordenado, la junta llevó a cabo una guerra sucia contra la oposición de izquierdas; con el apoyo del gobierno estadounidense —cuyo secretario de estado, Henry Kissinger, avaló expresamente el recurso a medios violentos para erradicar la «amenaza del comunismo»—, el gobierno secuestró, torturó y asesinó miles de disidentes y sospechosos políticos de toda índole, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas.
La falta de apoyo al gobierno militar los llevó a emprender la guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra el exterior. La derrota infligida marcó el fin político de sus dirigentes, y meses más tarde se llamó a elecciones, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Los líderes del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, y condenados a largas penas de prisión. Fueron indultados por Carlos Menem pocos años más tarde.
Inicio del proceso
Los autores e ideólogos del golpe emplearon este nombre para la fractura del orden jurídico y la dictadura surgida de ella como justificación, argumentando que el orden democrático era insuficiente y que se requería de la fuerza para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la supuesta intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Esta excusa, en realidad, sirvió para reprimir en forma sistemática toda forma de protesta social, implementandose un régimen de terrorismo de estado; entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los acusados de subversión, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicación.
La guerra sucia
A partir del mismo, decenas de miles de argentinos fueron secuestrados o encarcelados sin causa, centenares de miles se vieron forzados al exilio, y un número no determinado que los organismos de derechos humanos estiman en el orden de 30.000 (8.961 casos están documentados en el informe oficial «Nunca Más», de 1984, aunque el mismo informe deja claro que «es -inevitablemente- una lista abierta») fueron detenidos sin juicio previo, torturados y asesinados o continúan «desaparecidos». El golpe fue recibido con alivio por algunos sectores de la sociedad, ya fuere porque no se percataron de las consecuencias que el golpe habría de acarrear, o porque resultaban beneficiarios directos de la política de extrema persecución y violencia impuesta por la dictadura.
Estas acciones de represión ilegal constituyeron la llamada guerra sucia y dejaron a las Fuerzas Armadas (sin sustento constitucional eran simples «bandas armadas») en una situación de ilegitimidad e ilegalidad similar, o aun peor, que las otras fuerzas irregulares a las que supuestamente se intentaba combatir.
Fin y consecuencias del proceso
Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado «Proceso» cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones Reynaldo Bignone, el último líder de la Junta Militar.
Durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983 – 1989), se juzgó y condenó a algunos de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas. Sin embargo, el proceso de juzgamiento de los crímenes no continuó hasta alcanzar a todos los responsables; cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los participantes de la llamada Guerra sucia.
El 15 de abril de 1998 se derogan las leyes de amnistía por la ley 24.952
El 2 de septiembre de 2003, la ley 25.779 declara «insanablemente nulas» (Artículo 1º) a las leyes de Obediencia debida y Punto final.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible