ORAN.- “¿Qué? ¿No están atendiendo?”. Yamila Jaramillo llegó al hospital San Vicente de Paúl para acompañar a su hermana, Yolanda, que traía a su sobrino Miguel, de siete meses, a un control pediátrico. Hacía dos meses que no venían. Yamila llegó temprano, antes de las 7, para registrarse y confirmar el turno, más tarde llegaría su hermana con el bebé, para que no tuvieran que someterse a la larga espera. Pero en cambio, cuando llegó, pensó que estaban de paro, o que no estaban atendiendo, porque el panorama era completamente distinto. Desde hace un mes que el hospital parece otro. Desde que el Gobierno de Salta, mediante el decreto 129/24, decidió arancelar la atención a extranjeros, el hall de este centro de salud, que es el segundo más importante de la provincia, se transformó por completo, explican en informes. Ya no hay personas haciendo fila sentadas desde la madrugada como ocurría hasta hace muy poco tiempo. Desde el amanecer, el hall central se convertía en el epicentro en el que confluían largas filas que se apostaban en la puerta de los distintos servicios para esperar un turno, incluso antes de que los médicos empezaran a atender.
Claro que este nuevo panorama tiene sus bemoles. La semana pasada ocurrió un escándalo del que habló todo Orán: una mujer boliviana con un embarazo a término llegó al hospital para dar a luz. Como no estaba en trabajo de parto aún, los médicos le explicaron que todavía podía volver a su país. De lo contrario, tendría que pagar el parto: unos 245.000 pesos, más 100.000 pesos por día de internación. La mujer se fue con el hombre que la acompañaba pero horas más tarde volvieron ya en trabajo de parto. La atendieron, el bebé nació en Orán, pero cuando le llevaron la cuenta, el hombre, dijo que tenía domicilio en la provincia e intentó agredir a los médicos. Intervino la policía y entonces decidieron fugarse con el bebé. Unas horas más tarde, tuvieron que volver, por una complicación y allí se enteraron de que la dirección del hospital les había hecho una denuncia judicial, que deberán enfrentar y que condicionará su posibilidad de volver a atenderse. “A los extranjeros, si es una urgencia los atendemos igual, después vemos cómo se cobra o si podemos negociar que su país se haga cargo. Pero ante el recorte de recursos que tenemos en salud, el aumento de la demanda por el precio de las prepagas, tenemos que priorizar la atención de los salteños”, apunta Alejandro Valenzuela, gerente del hospital, quien tuvo que lidiar con el caso de la parturienta que se fugó sin pagar. Orán, al ser la ciudad que recibe la mayor cantidad de extranjeros no residentes que cruzan la frontera para recibir atención médica, concentra todas las miradas. Salta se convirtió en estos días en el epicentro de una dialéctica que crece con fuerza en la prédica con la que Javier Milei llegó al poder: entre otras cosas, un trato diferencial para los argentinos y para los extranjeros, tanto en educación como en la atención médica pública. Mientras la posibilidad de arancelar la universidad para extranjeros formó parte original del después recortado proyecto de ley Ómnibus, el tema de la salud todavía no tomó forma de proyecto, aunque sobrevuela siempre en el discurso de los libertarios.
La nueva realidad de la medicina en Salta
La decisión del gobernador Gustavo Saenz, (que en las presidenciales apoyó a Sergio Massa pero en la votación de la ley de Bases acompañó al proyecto oficial) se mira como una prueba piloto en un contexto de recortes de presupuestos y de una demanda creciente del sistema público de salud. La medida tiene defensores y detractores. Al igual que con la educación pública, muchas voces defienden que la gratuidad, no importa quién sea el destinatario, es un sello de identidad nacional. Otras voces más pragmáticas, plantean la importancia de que, ante la escasez de recursos, se priorice la atención gratuita para los residentes, sean o no argentinos, y se arancele a quienes viven en otro país, para desalentar los llamados tours de salud. Hasta hace poco más de un mes, la madrugada en el hall central del hospital de Orán era un hervidero de gente, casi acampando para ser atendida. Desde temprano, llegaban autos que habían cruzado la frontera, trayendo pacientes y que se estacionaban en las inmediaciones para esperarlos y llevarlos de regreso. Antes, en muchos casos, pasaban a hacer compras porque una cosa se combinaba con la otra. Es por eso que las autoridades del hospital creen que no eran simplemente familias que se trasladaban, sino que había gestores e intermediarios que probablemente lucraran con ese servicio. E incluso, sin esa cuota de ilegalidad, los médicos de Orán cuentan que los pacientes que llegaban por una urgencia venían derivados, por ejemplo, del hospital de Tarija, donde les preguntaban si tenían o no plata para pagar el tratamiento. Si había con qué, iban a Santa Cruz de la Sierra. Si no tenían dinero, a Orán. Y la atención médica para los vecinos de Orán, y de los otros departamentos del norte de Salta, se resentía. Ahora el panorama es otro. Valenzuela, el director del hospital, es un médico gendarme retirado después de 30 años de servicio. Hace tres meses quedó a cargo de la transformación de ese centro de salud, que tiene 44 años de historia y da cobertura a una población de la provincia de unas 400.000 personas. Sin embargo, ese universo se veía duplicado por la enorme afluencia de extranjeros, dada la proximidad de la ciudad de Orán con la frontera de Bolivia, a menos de 50 kilómetros. No solo llegaban pacientes desde el otro lado de la frontera, para ser atendidos por urgencias, o tras haber protagonizado un accidente de tránsito, explica Valenzuela. “Hay una cuestión muy concreta. Con la baja de fondos que gira la Nación a las provincias, tenemos que optimizar recursos. Hoy tengo que pagar a proveedores más de 40 millones de pesos y en la cuenta del hospital tengo sólo cinco millones”, explica.
La alta demanda de turnos de extranjeros se registraba también en los servicios de atención de complejidad, ya que al ser un centro de complejidad 4, allí se realizan por ejemplo neurocirugías, se operan cardiopatías. Además, cuenta con tratamiento oncológico, entre otros servicios. Desde que se implementó el decreto, Salta se convirtió en la primera provincia en cobrar a los extranjeros la atención médica pública. Y la demanda de pacientes bajó más de un 90%, explican. Cada mes en toda la provincia, explica el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, se atendían unos 3300 extranjeros, mayoritariamente bolivianos, es decir más de 100 pacientes por día. De ese número, unos 3000 llegaban al hospital de Orán. Desde que entró en vigor el decreto, en toda la provincia se atendieron apenas unos 60 pacientes bolivianos. En el hospital de Orán dicen que fueron menos de diez en todo el mes. Los demás, seguramente se atendieron en Salta Capital, y varios de ellos con tratamientos de complejidad. Por ejemplo, se presentó el caso de un ciudadano boliviano que lucha contra el cáncer y que todos los meses viajaba para recibir atención. “El tratamiento que debe afrontar cuesta unos 120 millones de pesos. Le planteamos que lo debía abonar, detectamos que a pesar de residir en Bolivia, tiene propiedades en Salta. Pero el hombre no quiere pagar, por eso decidimos judicializar el caso y que la Justicia resuelva quién debe pagar. Si el paciente, el país de origen o quién”, relata Mangione a LA NACION. La medida no llegó sin polémica. El propio obispo de Orán, monseñor Luis Sconzzina, hizo un llamado hace unos días a evitar que el arancelamiento se convierta en una forma de discriminación, o xenofobia. Sus palabras no cayeron bien en el gobierno salteño y el obispo tuvo que aclarar que no se trató de una denuncia sino de una advertencia. “Mi postura no es opinar sobre medidas administrativas, simplemente lo que manifesté es que no se puede alentar una actitud xenofóbica. Es un latiguillo que aparece siempre. Pero no tenemos que olvidar cuál es la realidad de nuestra zona. Muchos somos descendientes o familiares de bolivianos. No tenemos que alentar esa mirada de discriminación. No quiero opinar sobre las medidas. Entiendo que hay buenos criterios de aplicación. Es una medida administrativa de cómo administrar recursos. Y que la provisión de los insumos está complicada. Tenemos que tener políticas que protejan el interior, porque en estos contextos de ajuste, si no es el hospital público el que atiende, la solución alternativa es la muerte. Esto afecta a los sectores más vulnerables”, dijo Scozzina a LA NACION. Cuando uno conversa con los habitantes de Orán, son mayoría los que dicen estar de acuerdo con la medida. Cuando se les pregunta por qué, no dudan. “Cuando nosotros cruzamos la frontera, nos cobran todo. Y no es justo que nosotros paguemos impuestos y que para sacar un turno médico tengamos que esperar varios meses. En cambio, muchos de ellos llegaban con gestores o personas que los ayudaban con los trámites. Y no pagaban nada. No me parece justo”, apunta Nélida Núñez, madre de Gustavo, que está internado por hantavirus en el segundo piso. “Cambió mucho todo en este último mes”, dice Yohana Romero, la otra hija de Nélida, que la acompaña en la espera de los siete días de internación que lleva su hermano.
“Con la baja de fondos que gira la Nación a las provincias, tenemos que optimizar recursos”
ALEJANDRO VALENZUELA, GERENTE DEL HOSPITA DE ORÁN
La realidad en esta ciudad es compleja. Como ciudad de frontera, y en medio de una crisis socioeconómica, el tránsito de un lado y otro del límite internacional es más fluido de lo que señalan las estadísticas. No son solo los cruces oficiales por la frontera, sino todos los informales, que convierten a la zona en una frontera caliente. Tanto para el tráfico de drogas, cosa que queda en evidencia con los intensísimos controles de Gendarmería en las rutas, como el tráfico de mercadería de los bagayeros o “trabajadores informales de la frontera”, como ellos prefieren ser nombrados. Muchos bolivianos cruzaban a la Argentina, muy temprano para recibir atención médica en el hospital de Orán y completaban el viaje aprovisionándose de harina y aceite, entre otros insumos que se consiguen a mejor precio. En los hoteles del centro de la ciudad, los dueños ya sienten el impacto de la baja de este “turismo sanitario”, lo que da la pauta que no todos son pacientes sin recursos. Casi todos los días, seis o siete familias se alojaban en sus habitaciones, para hacerse atender en el hospital, hacer compras y volver a su país al día siguiente. Una economía formal que se alimenta también del circuito informal. Sin embargo, ahora el panorama es otro. En el hospital de Orán, desde este mes se consiguen turnos con poca demora, lo cual es toda una novedad histórica, cuentan. Valenzuela, el gerente del hospital, tal como se llama acá al director médico, recibe a LA NACION en su oficina, sin que se haya pautado una entrevista y ofrece una recorrida por los pasillos del hospital. Es enérgico, pese a que todavía no ha amanecido. Avanza por los distintos servicios, los médicos se acercan y le preguntan y él trata de dar soluciones. Parece una escena sacada de la serie New Amsterdam, versión Orán. Cuando pasamos por el hall central, le comentamos que hace unos minutos conversamos con una mujer, argentina, de Orán, Claudia Gutierrez, que llegó por un problema de hemorroides, con dolor y sangrado y que en la guardia le indicaron hacerse unos estudios y una videocolonoscoplia, además de una ecografía. Vino a sacar turno, pero en el hospital le quisieron cobrar para asignarle uno, pese a no ser extranjera. “Vine temprano, pero me pidieron que pague 3000 pesos por cada atención. Yo sé que no es mucho, pero no tengo, entonces me dijeron que no me daban el turno. Que me hacían el favor sólo por hoy de hacerme los análisis de sangre”, dice, mientras se aleja de la ventanilla que dice “Arancelamiento”. Cuando se le plantea su situación al director del hospital, el hombre se indigna y se dirige como una tromba sobre quienes están en esa ventanilla y pide nombres y exige que no se vuelva a cobrar a los argentinos. Después explica que es un bono contribución. Sin embargo, la mujer explica que le dijeron que no le hacían los estudios si no pagaba. Finalmente, Gutiérrez consigue los turnos y las autorizaciones. Valenzuela intenta explicarle, “ni ahora ni nunca le tienen que cobrar, usted tiene documento argentino, sólo con presentarlo es suficiente”, explica. Valenzuela dice que no puede negar que se produzcan situaciones como esas, pero que es algo con lo que debe luchar, desde que asumió hace tres meses.
En las paredes del hospital no hay carteles que expliquen cómo funciona la atención a extranjeros. Tampoco se publican las tarifas, aunque desde la dirección se detalla que ya entre la gente de Bolivia, el propio gobierno de ese país se encargó de informar que la atención ya no era gratuita. Los números que se cobran responden al nomenclador provincial. Por ejemplo, una consulta médica se abona $6600. Un día de internación, cuesta unos $100.000 y un parto, unos $245.000 pesos. Y las prácticas de complejidad, como una cirugía encéfalo craneal puede costar varios millones de pesos. El único extranjero que hay ese día en el hospital es un venezolano que ingirió elementos metálicos en un intento de autolesionarse. Tiene que permanecer varios días internados, hasta asegurarse que los expulse y no corra riesgo. Lleva una semana internado y cuando reciba el alta, entre todos los estudios y tratamientos, más internación deberá abonar más de un millón de pesos. “Calculamos que en unos días ya va a poder salir. No sabemos qué va a ocurrir ese día. Acá, a diferencia de lo que ocurrió en Bolivia, no se le niega la atención de urgencia a nadie. Después, se ve cómo se cobra, o si se judicializa el caso”, explica Valenzuela.
Roberto Ruiz Huidobro es el jefe de neurocirugía del hospital de Orán. Hace 18 años trabaja allí. “El cambio que vimos en este mes no lo habíamos visto nunca. Antes, por ejemplo en la terapia intensiva, de las doce camas que tenemos, ocho o nueve estaban ocupadas por bolivianos. Llegaban salteños y los teníamos que derivar a Salta Capital, o incluso teníamos que mover pacientes que todavía requerían cuidados intensivos, porque llegaban más pacientes graves. Sin hacer valoraciones subjetivas, una vida es una vida, tenemos que poder garantizar la atención de los salteños. Eso tiene que ser prioridad”, explica el cirujano. Hugo Rementería es el cardiocirujano de Orán. El único. Si está en su casa y hay una urgencia, se tiene que presentar. Y lo hace. “Hace unos meses llegó una pareja de Bolivia. La chica con un problema en la aorta, se tenía que operar. Me cuentan que en Tarija le dijeron, si tenés plata para pagar la cirugía, andá a Santa Cruz. Si no tenés plata, andá a la Argentina que es gratis. Pero no es gratis, son varios millones de pesos que paga la provincia y que son recursos que después faltan para atender a los salteños”, explica el cardiocirujano. En el consulado de Bolivia en Orán, sobre la avenida San Martín, a metros del mercado de abastecimiento, las consultas eran permanentes cuando empezó la medida. Muchos querían saber si eso era así, si era legal. Después, las consultas bajaron. Ahora, como se produjo un cambio de autoridades, que todavía no asumieron, el consulado está casi vacío. Son pocos los que cruzan la frontera con el objetivo de hacerse atender. La preocupación está latente, pero por el momento, no hay pronunciamientos oficiales.
Fuente Lanacion