El magistrado, que fue indagado hoy, autorizó a Fernando Whpei a comprar en diciembre de 2023 10 millones de dólares a precio oficial, cuando regía el cepo cambiario
ROSARIO.- Después de varias postergaciones, por los problemas de salud que aducía padecer el juez federal Gastón Salmain –tuvo un cuadro de vértigo y después se sometió a una vasectomía-, un grupo de fiscales y el titular del juzgado federal N°4, Carlos Vera Barros, indagaron este martes al magistrado Gastón Salmain. Es el juez que negó haber favorecido al financista Fernando Whpei, al que autorizó en diciembre de 2023 la compra de 10 millones de dólares a precio oficial, en momentos en que regía el llamado cepo cambiario.
Este juez, que está siendo investigado en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, se habría quedado, según la declaración del financista arrepentido, con un retorno de 200.000 dólares, según detallaron los fiscales a cargo de la causa.
Asesorado por los abogados Gustavo Feldman e Ignacio Carbone, Salmain negó los hechos que se le imputan y no respondió preguntas. La audiencia se realizó por Zoom, en el marco de una causa donde ya fueron indagados Whpei y Santiago Busaniche, por considerar que existen motivos suficientes para sospechar que participaron de la comisión de los hechos ilícitos en la compra de dólares a precio oficial, cuando regía el cepo cambiario. Salmain no respondió preguntas, pero expuso sus argumentos durante más de una hora.
Después de la audiencia, Feldman, quien ejerce la defensa técnica del controvertido magistrado, sostuvo que Salmain dejó evidenciadas varias circunstancias, entre ellas, que la petición fiscal “es artificiosa e impostada, tiñendo hechos totalmente legales como indicios de delito”. Según el letrado, el juez también dejó expuesta “la postura cobarde y mentirosa de Whpei, resaltando una docena de circunstancias contrarias a la verdad, único nutriente de la tesitura de los fiscales”.
Salmain está acusado, junto con Whpei y Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, “de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario”.
De acuerdo a la investigación, “para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10% de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.
En la investigación los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.
El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.
Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.
Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.
Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.
El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.
A fines del año pasado, el magistrado intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado. Según las fuentes judiciales, Salmain tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber intentado concentrar esos expedientes a cambio de dinero.
Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones borradas de WhatsApp que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como “Gastón Salmain” entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.
Esta investigación provocó que los fiscales de PROCELAC solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. A estos problemas se suma que desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido en sus antecedentes para concursar como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente.
La cesantía administrativa le imposibilitaba incursionar en la carrera judicial, pero la omisión de ese antecedente le posibilitó que dos veces la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego, y llegar a juez federal.
Por Germán de los Santos
Fuente Lanacion