El fiscal federal avaló abrir la causa por supuesto espionaje, pero aclaró que no se podrán allanar medios ni revelar fuentes periodísticas.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este martes la apertura de una investigación judicial a raíz de la denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal. Según el escrito, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
No obstante, el fiscal fue categórico al remarcar que la pesquisa no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas: “No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca (…), ello por mandato constitucional”, señaló.
Stornelli también recordó que la inviolabilidad del domicilio solo puede ser vulnerada mediante una orden judicial fundada. La aclaración se da tras el pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal de streaming Carnaval, responsable de difundir los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente, así como los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio.
De acuerdo al dictamen, la denuncia del Ejecutivo apunta a una maniobra de espionaje ilegal que habría incluido la captación, manipulación y difusión clandestina de audios con el fin de desacreditar al Gobierno, influir en la opinión pública y generar inestabilidad política y económica.
Entre las hipótesis señaladas, se menciona que la difusión pudo haber sido amplificada por redes sociales y algunos medios de comunicación, en algunos casos de manera intencional y en otros sorprendidos en su buena fe.
El denunciante sostiene que la supuesta operación forma parte de una trama mayor que podría involucrar a sectores de la oposición y hasta un posible ánimo destituyente. Además, se plantea que ciertos periodistas habrían chantajeado a funcionarios espiados, lo que extendería el alcance de la investigación más allá de los audios de Karina Milei.
Stornelli concluyó que las grabaciones habrían afectado a funcionarios de alto rango y a espacios bajo jurisdicción federal, lo que justifica la competencia del juzgado en la causa. También subrayó la presunta ilegitimidad de los audios, difundidos de manera dolosa, lo que refuerza la hipótesis de una operación ilegal de inteligencia.
Fuente Perfil