El distrito, que gobierna Jaime Méndez, del riñón del senador bonaerense Joaquín de la Torre, es uno de los tres municipios de la provincia de Buenos Aires que no garantizan la IVE ni tampoco derivan a otros distritos.
El juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen condenó a la municipalidad de San Miguel por haber incumplido su obligación legal de responder a los pedidos de acceso a la información pública sobre la implementación de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sobre 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, San Miguel es junto a Lezama y Capitán Sarmiento uno de los tres que no garantizan la IVE ni tampoco derivan a otros distritos.
De los tres municipios, San Miguel es el más populoso: según el censo de 2022 tiene 328.835 habitantes y está ubicado en la estratégica primera sección electoral. El intendente es Jaime Méndez, hombre cercano al ex jefe comunal e histórico referente Joaquín de la Torre, actual senador bonaerense, presidente de la comisión de Seguridad de la cámara alta provincial.
Su hermano, Pablo de la Torre, fue secretario de Niñez, Familia y Adolescencia del ministerio de Capital Humano hasta que la ministra del área, Sandra Pettovello, lo echó en el marco del escándalo por los alimentos almacenados en depósitos que no se distribuían. En ese momento, Joaquín De la Torre rompió con el bloque de La Libertad Avanza y conformó uno nuevo: “Derecha popular”.
El amparo lo había presentado el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) porque San Miguel incumple la Ley 27.610 de IVE desde su sanción, en diciembre de 2020, y desde hace tres retiene información sobre el cumplimiento de la norma.
En la sentencia, el juzgado condenó al municipio a entregar “de forma completa, veraz y adecuada” toda la información requerida en un plazo de 30 días hábiles. El juez planteó que no hubo justificación válida para ocultar esa información, y que la omisión sostenida durante tres años constituye una violación al derecho constitucional de acceso a la información pública.
“La omisión de brindar información sobre el acceso a la IVE no es un detalle técnico: es una forma de opacidad institucional que vulnera el derecho a la salud y la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar, ya que no se ejerce un derecho que se desconoce”, aseguraron desde las organizaciones demandantes en un comunicado.
También denunciaron que San Miguel intentó impugnar la legitimación de las organizaciones para reclamar la información, y presentó un informe parcial y deficiente que no respondía de forma precisa a los requerimientos.
Las organizaciones alertaron sobre la “la circulación de información pública que daba cuenta de la dificultad en el acceso a la práctica en centros de salud locales, lo que obligaría a las mujeres de ese municipio a trasladarse para recibir atención en otros”.
Las preguntas que se presentaron ante la Justicia apuntaban a conocer:
1. Si se realizaban prácticas de IVE o ILE en centros de salud municipales.
2. Cantidad de interrupciones voluntarias y legales del embarazo realizadas.
3. Stock y adquisición de medicamentos como misoprostol y mifepristona.
4. Existencia de guías, folletos o materiales informativos para usuarias.
5. Políticas de atención específicas para menores de edad y personas con discapacidad.
6. Canales de denuncia o atención telefónica específicos sobre el tema.
Desde ELA, Amnistía Internacional y el CELS subrayaron que la sentencia del juzgado de Trenque Lauquen –que se suma a otras de la justicia de La Plata y Mendoza– representa “un paso importante para reafirmar que el acceso a la información pública en materia de aborto no puede ser obstaculizado ni ignorado por los gobiernos locales”.
Al cierre de esta nota desde el municipio de San Miguel no respondieron a las consultas de PERFIL sobre el tema.
Fuente Perfil