Los déficits de 13 cajas jubilatorias son un tema de conflicto entre Nación y provincias; el Presupuesto 2026 dispone un monto para cubrir desequilibrios considerado bajo, y fija condiciones que no se cumplirían; cómo se originó el problema y qué posibles soluciones describe un informe del Ieral
Entre el Estado nacional y un grupo de provincias hay un conflicto que echó raíces en los últimos años y que no para de crecer, al menos si se pone la mirada en los números que implica. Números sobre los que no hay acuerdo entre las partes, algo que explica en buena medida lo intrincado de la cuestión.
Se trata de los reclamos de fondos para cubrir los déficits de las cajas previsionales del empleo público en 13 provincias. En varios casos, el tema fue elevado a la Corte Suprema de Justicia y, en el marco de esas demandas, hubo en el último año dos acuerdos, por los cuales Córdoba y Entre Ríos reciben fondos a cuenta de los importes que en algún momento (si es que tal cosa ocurre) se definan como los que deberían ser cubiertos por la Nación. Para el resto de las jurisdicciones, los envíos están suspendidos desde 2024.
En el contexto del debate sobre el Presupuesto 2026 en el Congreso y de la convocatoria del presidente Javier Milei a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un trabajo elaborado por el Programa de Asistencia al Poder Legislativo del Ieral de Fundación Mediterránea propone, por un lado, que los fondos que se envíen a las provincias como anticipos para la cobertura de desequilibrios de las cajas se actualicen según la movilidad previsional, y, por el otro, que haya nuevas fuentes de financiamiento para ampliar esos envíos.
El proyecto de Presupuesto 2026 prevé una cifra anual de $122.763 millones para los anticipos mensuales por este concepto (se trata de anticipos, porque son montos que se girarían antes de determinar los definitivos). Además, se disponen condiciones para poder recibirlos.
Esa cifra permitiría, según el informe del Ieral, cubrir “una fracción mínima” -aproximadamente el 4%- de lo que debería transferirse si se consideraran montos definidos según los déficits de años anteriores y se los actualizara de igual forma que se reajustan las jubilaciones del sistema de la Anses. Si se tomara ese criterio, estima el trabajo, el importe para 2026 sería de $2.252.744 millones (más de $2,2 billones).
Es decir, se considera que el monto previsto por el Gobierno es muy exiguo, una apreciación que coincide con la expresada por fuentes de provincias consultadas por LA NACION. Y eso toma mayor dimensión si se tiene en cuenta que hay reclamos billonarios por desequilibrios de años anteriores no cubiertos, o cubiertos parcialmente, según las provincias.
El inicio del conflicto
Tres décadas atrás, 11 jurisdicciones transfirieron al sistema nacional, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, las cajas de jubilación de los empleados públicos de sus administraciones. A la vez, 13 provincias mantuvieron sus propios regímenes. Al existir normas por las que se derivan fondos de impuestos coparticipables al financiamiento del régimen jubilatorio nacional, los economistas del Ieral sostienen que “el meollo de la cuestión es que todas las provincias sacrifican ingresos” para ese fin (los pagos de la Anses), “pero no todas trasladaron a la Nación los déficits de sus sistemas previsionales”.
Pero, ¿qué parte debería cubrir la Nación, exactamente, de los desequilibrios que tienen esas cajas no transferidas? Durante años, la cuestión se centró en la necesidad de “armonizar” los esquemas provinciales con el nacional, pero, en general, no hubo reformas que evitaran, por ejemplo, el otorgamiento de jubilaciones a edades más tempranas, o con condiciones más generosas.
En 2018, el decreto 730 firmado por Mauricio Macri fijó una pauta: la Nación se haría cargo del déficit que tendría cada caja, en el supuesto de que sus aportantes se jubilaran en las mismas condiciones que los de la Anses, y si el financiamiento fuera con el mismo esquema de aportes y contribuciones del régimen nacional. Se previó hacer “simulaciones”, es decir, ejercicios sobre la base de ese criterio.
Eso tiene la lógica de evitar que quienes deben esperar a los 60 o 65 años para acceder al cobro de haberes, subsidien a personas que, por estar en otro sistema y quizá habiendo hecho trabajos similares, se jubilan a edades más tempranas o con montos más elevados.
Según el mecanismo previsto, las provincias envían sus cálculos a la Anses, que debe realizar auditorías. Pero, hasta ahora, no hubo ningún acuerdo, y este año no se transfirieron fondos, salvo en los casos de Córdoba y Entre Ríos, por acuerdos en sede judicial. En el primer caso se reciben $5000 millones por mes; en el segundo, se estaban girando $2000 mensuales, hasta que un pacto reciente fijó la cifra en $6000 millones, según dijeron a LA NACION en la gobernación entrerriana.
Solución parcial
Esos acuerdos “solo cubren una parte del flujo que correspondería enviar y, además, dejan pendiente de resolución la deuda acumulada” por períodos previos, explicó el economista y presidente del Ieral, Osvaldo Giordano, especializado en temas de seguridad social, expresidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y quien fue director ejecutivo de la Anses en el inicio de la gestión de Javier Mieli.
Otra cuestión central del proyecto de Presupuesto es que las provincias recibirían giros en 2026 solo bajo la condición de que el déficit sea reconocido en un acuerdo con la Anses y corresponda a 2021 o año posterior.
Según el informe del Ieral, “en varias provincias esta condición depende de que la Anses haga las simulaciones, ya que aportaron la información para hacerla”. Y agrega: “De no mediar cambios en la dedicación que la Anses le ponga al tema, en la práctica ninguna provincia cumple los requisitos”. Más allá de eso, se insiste, como un factor crítico, en que la iniciativa no prevé la actualización de los montos.
Las cuentas hechas por el Ieral -de las que surge el importe de más de $2,2 billones-, se basan en déficits e años previos previos a 2021 y en una actualización de las cifras según la movilidad previsional. Con $1,05 billones, Buenos Aires es la provincia que más debería recibir por anticipos, según el estudio; le siguen Córdoba y Santa Fe, con $338.281 millones y $299.677 millones. Las otras provincias con cajas no transferidas son Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego (en los dos últimos casos, no hay estimación de cifras, por falta de datos).
El informe postula que debería aumentar el porcentaje del IVA y de Bienes Personales que va a las cajas provinciales; hoy se deriva el 0,69% y el 6,27%, en cada caso. ¿Cómo funciona el sistema? Antes del envío a las provincias de lo recaudado por impuestos coparticipables, se descuenta una parte para asignarla a pagos de la seguridad social. En el caso del IVA es un 11%: 10,31% va a la Anses y 0,69%, a las cajas no transferidas. En este punto, la participación de los sistemas locales se reduce a dos impuestos y, por eso, la propuesta incluye que esa regla se extienda a otros que son coparticipables y de los cuales la Anses recibe una parte de la recaudación.
El financiamiento
Una propuesta para obtener recursos es que haya un aporte especial de los jubilados de la Anses con haberes superiores al máximo. Según datos oficiales, son unos 143.000 prestatarios, que no necesariamente reciben esos ingresos por estar en un régimen especial. En muchos casos, son jubilados que lograron una sentencia judicial contra topes que habían impactado en sus haberes.
En esos casos, dice Giordano, “el aporte especial repararía parcialmente el hecho de que en la vida activa no hicieron aportes por encima del tope de la remuneración sujeta” al descuento (el sueldo máximo de octubre para calcular el 11% de aporte jubilatorio, por ejemplo, es de $3.571.609 y, en consecuencia, sobre cualquier salario mayor, el monto de ese descuento es siempre de $392.877).
También se menciona como propuesta una suba de la contribución patronal que hacen las provincias con cajas transferidas, para quedar al mismo nivel aplicado en el Estado nacional, de 16% de la remuneración.
Para cancelar las deudas acumuladas, la propuesta del Ieral apela al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional nacional. “La Anses estaría disponiendo de un activo para cancelar un pasivo, con efectos patrimoniales netos”, señalan en el Ieral. Y agregan que la utilización de recursos del FGS también sería viable para pagar juicios ganados por jubilados.
Por Silvia Stang
Fuente Lanacion