Desde la agencia advirtieron que las «vías de excepción» fueron empleadas de manera indebida para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, «abriendo la puerta a manejos poco transparentes».
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció este domingo que comenzó una investigación interna por presuntos desvíos de fondos públicos que habrían tenido lugar en las gestiones anteriores. A raíz de la iniciativa, desde el organismo subrayaron en un durísimo comunicado que «las delegaciones no serán más una caja negra al servicio de la política«.
«PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores«, comenzó un comunicado que compartieron en redes sociales. Al respecto, denunciaron que la medida surgió debido a que «durante años, la política convirtió a PAMI en una caja»: «Usaron el Instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país«.
En ese sentido, adelantaron que la intervención busca desarmar esas “mafias internas” y terminar con los “privilegios” de aquellos que durante años utilizaron el instituto para fines ajenos a su misión. «El objetivo es ordenar el Instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan», subrayaron.
Uno de los aspectos centrales de esta reforma es la revisión del uso de las “vías de excepción”, un recurso previsto únicamente para situaciones extraordinarias en la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. Sin embargo, desde la agencia advirtieron que este instrumento fue empleado de manera indebida para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, «abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos».
Ante estas irregularidades, las autoridades iniciaron una investigación interna y, de confirmarse las irregularidades, se avanzará con las sanciones correspondientes. «No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley», expresaron.
«PAMI no será más una caja negra al servicio de la política. Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros afiliados. El tiempo de la impunidad se terminó», concluyeron.
Las denuncias previas a PAMI
Hace algunos meses, los dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Hernán Reyes presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos por presuntas maniobras anticompetitivas y un supuesto desfalco al PAMI en la adquisición de medicamentos oncológicos durante 2023. La denuncia también apunta a la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, y a los laboratorios Raffo, Bioprofarma Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.
Según explicó Reyes, pudieron comprobar un perjuicio de un millón de dólares en tan solo ocho medicamentos oncológicos tomados como muestra, a través de operaciones realizadas con cinco laboratorios. “El mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más”, aseguró el legislador, quien además denunció la existencia de “la mafia de los medicamentos” y advirtió que este caso representa apenas “la punta del iceberg”.
El eje de la denuncia se basa en las diferencias de precios detectadas entre los medicamentos adquiridos mediante el sistema del Convenio Marco y los obtenidos a través de licitaciones públicas. De acuerdo al relevamiento, en 2023 PAMI pagó 273 millones de pesos de más por fármacos esenciales para tratamientos contra el cáncer. Entre los ejemplos presentados, se destaca el caso del anastrozol, que fue vendido a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en procesos licitatorios su valor fue de apenas $924.
Otro caso significativo fue el del bevacizumab, que se comercializó por convenio a $91.121 por unidad en su presentación de 100 mg, cuando en una licitación pública el precio fue de $17.000. Según la denuncia, este tipo de sobreprecios se repitió con principios activos como docetaxel, ciclofosfamida y enzalutamida.
La denuncia, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, también responsabiliza a Volnovich por la falta de controles que habrían permitido detectar las irregularidades. Asimismo, se acusa a ACE Oncología de haber coordinado precios entre laboratorios y manipulado los mecanismos de compra en perjuicio del Estado.
El Convenio Marco fue implementado en 2018 con el objetivo de transparentar el proceso de compra de medicamentos. Sin embargo, en el marco de esta causa, se lo señala como un mecanismo que “facilitó un presunto cartel entre laboratorios”, lejos de haber contribuido a una baja en los costos.
La interna libertaria llegó a PAMI: despidieron a un colaborador de Sebastián Pareja
En paralelo, la interna en La Libertad Avanza (LLA) recrudeció en el ámbito bonaerense y provocó el desplazamiento del titular del PAMI de Junín, Alberto Pascual, luego de que él expulsara a la militante Marina Biaggetti, integrante de «Las fuerzas del cielo», como consecuencia de declaraciones cruzadas en la red social X (antes Twitter).
Pascual, referenciado en Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, desplazó de LLA de Junín a Marina Biagetti, integrante de «Las fuerzas del cielo» la agrupación fundada por el influencer Daniel Parisini, conocido en redes sociales como «Gordo Dan» y por el diputado provincial Agustín Romo, entre otros.
Biagetti publicó en X un posteo en el que señaló: «El coordinador de La Libertad Avanza en Junín, Alberto Pascual, que responde a @SPareja_me acaba de echar del partido por decir que soy de las @FuerzasDelCielo», ante lo cual la expulsada pidió la intervención en el caso de Milei, Romo y Parisini.
La militante acompaño su publicación con una imagen de WhatsApp donde se la elimina del grupo de LLA en Junín «por estar fuera de los lineamientos de Javier y Karina Milei y de su armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja». Además, mostró otro mensaje recibido desde las filas de Pascual, donde se leía: «Estás a full con ‘Las fuerzas del cielo’ y está buenísimo eso, pero hoy no están dentro de nuestro lineamiento«.
La conflictiva situación en Junín puso al descubierto la interna en LLA bonaerense, donde Pareja cuenta con el apoyo de Karina Milei, pero no es bien visto por el asesor presidencial Santiago Caputo, indicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al armador en la provincia. Finalmente, la rispidez interna quedó saldada con la remoción de Pascual, quien confirmó a diarios de Junín que ya no estará ocupando ese cargo en la obra social de los jubilados, cuyas autoridades, incluidas las delegaciones de todo el país, se designan desde el Gobierno nacional.
A modo de conclusión, Biagetti publicó en sus redes sociales una foto junto al presidente Javier Milei, en el acto en el que el mandatario llevó a cabo ayer en el barrio porteño de Villa Lugano, como parte de la campaña a legislador del vocero presidencial, Manuel Adorni.
Pascual había sido nombrado en el organismo en octubre de 2024 y fuentes de Junín lo recuerdan en el pasado como cercano colaborador en el armado bonaerense de Florencio Randazzo, quien enfrentó como disidente a Cristina Kirchner en los comicios legislativos de 2017.
Fuente Perfil