La Justicia sospecha que hubo complicidad para que los financistas Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque puedan operar durante el cepo cambiario; las pruebas y el papel de Ariel Vallejo
Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas) eran parte de un circuito que movió cientos de millones de dólares durante el cepo cambiario. Los dólares salían del BCRA, pasaban por otros bancos y luego transitaban el laberinto de las cuevas financieras hasta perder su trazabilidad y desembocar en el mercado del blue.
La entidad que conducía Miguel Ángel Pesce monitoreaba esas operaciones en tiempo real, pero las denuncias recién se activaron a fines de 2024, tras el cambio de Gobierno.
¿Por qué fallaron los controles? Los financistas y los funcionarios que debían controlar tenían trato frecuente. Exempleados de las casas de cambio entrevistados por LA NACION hablan de reuniones semanales, en lugares poco habituales. Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios incorporados a la causa y ahora está en la mira de la Justicia.
El fiscal Franco Picardi investiga a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas. Casi un mes después, desde el Banco Central informaron que la entidad abrió un procedimiento interno “para determinar si las personas implicadas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA y/o la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
La causa se reactivó esta semana con la filtración de una conversación entre Elías Piccirillo y una funcionaria del Banco Central, Romina García, que no sabía que la estaban grabando. El audio dura más de 30 minutos y data del 1 de febrero de 2025.
El financista pretendía que la funcionaria se animara a denunciar a Francisco Hauque, quien habría amenazado a varios integrantes del área de Entidades No Financieras. En esa conversación, García aseguraba que había “gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central, pero no aporta nombres ni pruebas.
El audio fue aportado a la Justicia por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y que coordinó el operativo en las cercanías del Palacio Duhau que terminó con la detención de Hauque. Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después de ese episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.
En abril, Smith se presentó como arrepentido y mencionó que Hauque presuntamente pagaba coimas para poder operar. “Elías (Piccirillo) me había comentado que Hauque había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejearan operar a sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”, dijo frente al fiscal.
Romina García
Una de las apuntadas sería Romina García. La funcionaria tenía estrecha relación con el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y con Piccirrillo. En Tribunales destacaron que es la única de los cinco funcionarios allanados que no aportó la clave de su celular.
En el entorno de Vallejo recuerdan que García estuvo presente en una fiesta del aniversario de la financiera, en noviembre de 2022. García lo niega. En la casa central de Sur Finanzas, en la localidad de Adrogué, la conocían como “la señora del Central”.
La funcionaria, que ingresó al BCRA en 2002 según su Linkedin, también solía interactuar con Susana Hoffmann, que terminó siendo jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas. “Al comienzo Susana era responsable de la normativa de las agencias y estaba en contacto con Romina”, cuenta un exempleado.
A fines de 2024, García declaró un patrimonio de $233.414.828. Lo más llamativo es la evolución a partir de 2020. Entre 2021 y 2022 compró tres departamentos en la localidad de Lomas del Mirador. En 2023 sumó otros tres inmuebles por herencia. Y en 2024 adquirió dos lotes de 800 m2 en la localidad de Cañuelas. Por el 50 por ciento de uno de esos lotes declaró $4 millones y por la mitad del segundo, de similares características, apenas $438.940. Su patrimonio se completaba, a fines de 2024, con US$111.704 depositados en una caja de ahorro y otros US$40.000 en efectivo.
“Se está mancillando la reputación de una funcionaria con más de 23 años de trabajo en la entidad, Con la producción de la prueba informática, desde el sistema de gestión del Banco Central, quedará claro que ella actuó sin miramientos en cada ocasión en que le correspondía dictaminar por el cierre de cualquier unidad financiera”, respondió el abogado de García, Gastón Marano, ante una consulta de LA NACION.
Fabián Violante
El funcionario de máxima jerarquía de los todos los investigados es Fabián Violante. Según su última declaración jurada, trabaja en el Estado desde 1997. A fines de 2024 declaró un patrimonio total de $562.329.887. Tiene tres inmuebles y dos autos que no suman más de $100 millones. Gran parte de su patrimonio se concentra en dólares depositados en una cuenta en el exterior, fondos de inversión, euros, dólares, libras esterlinas, y hasta francos suizos.
Cuando declaró como arrepentido, el expolicía Carlos Smith entregó un pendrive con el audio de Romina García y una conversación de casi 50 minutos entre Piccirillo y Hauque. Esa grabación ya había sido aportada a la Justicia por el propio Piccirillo en febrero de 2025, en una causa por extorsión radicada en el juzgado criminal y correccional 33. En ese momento, el exmarido de Jésica Cirio mandó un enlace de Google Drive con siete cortes de una misma conversación y transcripciones parciales que LA NACION reveló en noviembre pasado.
Ese audio fue grabado el 15 de enero, dos días antes de la cena en el Palacio Duhau que terminó con la detención de Hauque. El encuentro, según consta en la causa original, ocurrió a metros del edificio SLS de Puerto Madero, sobre la calle Juana Manso. En esa charla, por momentos muy tensa, mencionaban a Romina García y Analía Jaime, inspectora general de supervisión de entidades no financieras, entre otros funcionarios.
Analía Jaime
Jaime trabaja en el BCRA desde 2002. Según su última declaración jurada, no tiene inmuebles, solo declara un auto de 2006 y deudas con el Banco Nación por más de $33 millones. “Es la menos contaminada de todos”, asegura uno de los financistas involucrados en la trama.
El 30 de diciembre, antes de la feria, el fiscal Picardi, con la orden del juez Sebastián Casanello, hizo un operativo en el Banco Central y pidió todos los sumarios contra las casas de cambio de Piccirillo, Migueles o Hauque.
Los tres formaban parte del denominado “rulo”, una maniobra que consistía en obtener dólares baratos y venderlos caro en el mercado paralelo.
LA NACION había revelado en diciembre que el BCRA abrió cuatro sumarios contra las agencias de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones.
Los montos de las operaciones involucradas sorprenden. En el caso de Arg Exchange, donde estaban Piccirillo y Migueles, entre enero y diciembre de ese año compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de 2023. Significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares. Otra cifra: el sumario del BCRA contra Mega Latina investiga qué pasó con los US$466 millones vendidos por esa casa de cambio desde enero de 2022 y agosto de 2023.
Diego “El Gordo” Volcic
Otro visitante frecuente en las oficinas de Vallejo, de acuerdo con testimonios de empleados que trabajaron con el financista, era Diego “El Gordo” Volcic. “Diego lo llamaba a Ariel para avisarle si tenía algún allanamiento y podían mover todo”, cuenta un exgerente de Vallejo.
En la grabación que hizo Piccirillo, Romina García le cuenta que Hauque tendría filmaciones de Volcic. Esos videos nunca aparecieron. En el expediente, sin embargo, hay fotos de Volcic y de Violante que se mandaron entre Piccirillo y Hauque. “Son pollos. Todos”, asegura Hauque en una charla por WhatsApp.
También hay capturas de pantalla que le había entregado Piccirillo a Smith. En esa conversación aparece una frase de Hauque sobre Romina Garcia: “Sabias que la puedo mater en cana a Romina y lo sabes que puedo lograrlo y hacerlo si quiero”.
El fiscal Picardi investiga si los funcionarios del Central “podrían haber realizado actividades contrarias a las funciones con el objeto de favorecer a distintas casas de cambio y/o financieras vinculadas a Elías David Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque”. La causa no habla de Vallejo, investigado en otros expedientes judiciales.
Una alta fuente de la gestión anterior del BCRA aseguró que Pesce había reforzado controles y que revocaron a 40 casas y agencias de cambio y suspendieron a otras 55. Sobre las investigaciones actuales, dijo son “una continuidad” de lo iniciado antes del cambio de gobierno y apuntó únicamente contra los financistas: ”Estos tipos encontraron una veta”.
Dos de los funcionarios del BCRA involucrados plantearon la nulidad del testimonio de arrepentido Smith pero recién esta semana, con el reinicio de la actividad judicial, el planteo llegará a la Cámara Federal. LA NACION contactó a Hauque y a Piccirillo sobre el presunto pago de coimas. Este último, a través de su abogado, mencionó: “Hasta tanto no exista información oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto”.
María Valeria Fernández
La quinta funcionaria investigada es María Valeria Fernández, supervisora de Entidades No Financieras. Su nombre también aparece en el audio entre Hauque y Piccirillo, en donde son aludidos el presidente Javier Milei y el exministro de Economía Sergio Massa. “Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar. ¿Por qué? porque me están volviendo loco y vos me estás volviendo tanto loco para que sea un granito que explote. El grano explota y explota con toda”, se queja Hauque en esa conversación.
En una presentación espontánea, a la que accedió LA NACION, Fernández negó haber cometido algún delito y destacó que estuvo de licencia médica entre septiembre de 2020 y abril de 2022 por varias cirugías de columna, y luego se ausentó a partir de agosto de 2023. En el mismo escrito, solicitó además “la inmediata restitución” de US$9.320 en efectivo que fueron encontrados durante el allanamiento en su casa.
La mecánica del rulo
El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. Esta supuesta operatoria a gran escala precisaba de una ingeniería entre distintas partes, según surge de los documentos oficiales.
El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio para adquirir la moneda y comercializarla, y compradores o personas que demandaran las divisas.
En el primer tramo de la cadena aparecen los bancos como proveedores del efectivo. De acuerdo con fuentes del sector, los billetes podían obtenerse mediante importaciones o a través del propio Banco Central, entre otros mecanismos.
En la segunda etapa, las casas y agencias de cambio adquirían dólares y los revendían a otros operadores del mercado.
Un sumario del BCRA contra Mega Latina describió: “Mega Latina SA compró dólares estadounidenses en mayor medida al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) y a los operadores Stema Cambios SA y Gis Cambio SA; vendiendo los mismos a otros operadores de cambio, en particular a Gallo Cambios SAS (70% del volumen operado)”.
Las investigaciones remarcan la pérdida de la trazabilidad del dólar. De este modo, se llega a la tercera fase de la operatoria investigada, donde se busca responder qué pasó con los dólares.
Los documentos oficiales dan cuenta, por un lado, de transferencias en pesos que recibieron las agencias de cambio sin tener operaciones a su nombre. Por otro, un sumario contra Concordia Inversiones SRL introdujo a los mutuos o préstamos como una de las vías de salida de dólares hacia el público general. Allí aparecen las sospechas de posibles prestanombres.
Hay al menos tres investigaciones judiciales que giran alrededor del denominado rulo. Todas tienen en común el mismo objeto: qué pasó con los dólares del Banco Central en la época de cepo y qué hicieron quienes debían controlarlo.
Por Nicolás Pizzi y Ignacio Grimaldi
Fuente Lanacion