Además, ANSES le exigirá a la presidenta del Justicialismo que reintegre lo que cobró con anterioridad, un monto de aproximadamente 1000 millones de pesos. Graciela Ocaña celebró esta medida: «Se hizo Justicia».
Se rechazó la medida cautelar pedida por la expresidenta Cristina Kirchner para que se le devolviera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que se le había dado por ser la viuda del exmandatario Néstor Kirchner. La decisión la tomó el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis. Ese beneficio económico había sido suspendido por la ANSES, que además le exigirá a la presidenta del Partido Justicialista que reintegre lo que cobró con anterioridad, un monto de, aproximadamente, 1000 millones de pesos.
La exmandataria exigía la nulidad de las resoluciones que dieron de baja a su pensión de viuda y la que le correspondía por su mandato como presidenta. El argumento de Fernández de Kirchner era que el retraso en la resolución definitiva del proceso judicial afectaría sus derechos a la seguridad social y su subsistencia personal, afirmando que la medida cautelar no resolvía el eje de la cuestión al haber una sentencia firme previa que le reconocía este beneficio.
La respuesta de la ANSES fue rechazar la medida cautelar diciendo que el beneficio definido por la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es un reconocimiento excepcional que se concede como premio al honor y buen desempeño en el cargo.
El organismo previsional afirmó: “La medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado”.
La baja de estos beneficios se decidió luego que la referente del PJ fuera condenada, en segunda instancia, por la Cámara de Casación Penal Federal al ser considerada “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en el caso Vialidad. Esta condena luego fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que Cristina Kirchner está cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.
Graciela Ocaña fue una de las primeras dirigentes políticas en festejar esta medida: “Se hizo Justicia. Ahora la Corte debe confirmar que CFK cobró un beneficio que no le correspondía por más de cuatro años. ANSES debe recuperar sin demora lo robado por Cristina”, sostuvo.
Causa Cuadernos: la expresidenta Cristina Kirchner vuelve a ser juzgada
Cristina Kirchner será juzgada nuevamente desde este 6 de noviembre como supuesta cabecilla de cohecho y asociación ilícita con otros 86 acusados que incluyen exministros y empresarios. En el informe que presentó detallando el juicio, la fiscal general Fabiana León, quien se encargará de la acusación en el caso Cuadernos, remarcó que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
Transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de La Nación desde las 9.30, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero comenzarán un debate que durará, se calcula, por lo menos tres años. Cristina Kirchner tendrá que conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde cumple seis años de prisión por administración fraudulenta por la causa Vialidad.
También serán juzgados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obra pública José López, el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta; y los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
La causa se centra en la asociación ilícita que habría manejado el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de cobrar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte a cambio de darles contratos estatales. Los delitos que se imputan son asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento. Se juzgarán más de 500 casos de supuestos pagos ilegales. Entre los empresarios que llegan a juicio se encuentran Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Héctor Sánchez Caballero, Néstor Otero y Enrique Pescarmona.
Fuente Perfil