La jueza Loretta Preska suspendió la orden para investigar los activos de la compañía que pueden ser embargados. Cómo sigue el proceso.
La justicia de Estados Unidos accedió en las últimas horas a un pedido de YPF mientras espera a una audiencia clave prevista para los próximos días. Con esa decisión, la jueza Loretta Preska suspendió la orden de discovery de alter ego, es decir, la investigación de los activos de la petrolera que pueden ser embargados.
“Ella había permitido dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar“, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en el caso.
De todas formas, aclaró que esta nueva orden no aplica a la investigación y embargo contra otros activos soberanos, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas.
Según precisó el exprocurador del Tesoro,Sebastián Soler, la suspensión se mantendrá hasta que la Cámara resuelva la apelación de YPF contra la decisión de Preska que permitió iniciar dicho discovery.
«Esta apelación debería tramitar de manera ‘expeditiva’, pero, porque la apelación involucra un tema importante y poco tratado por la Cámara, como son las implicancias para esta clase de discovery de la inmunidad de jurisdicción de empresas estatales bajo la La Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos», desarrolló Soler.
Semanas atrás, los beneficiarios del fallo reforzaron la presión sobre la Argentina para que cumpla con la orden de presentar chats, mensajes y mails de funcionarios y exfuncionarios.
El pedido fue realizado por Eton ParkyPetersen, financiados por el fondo Burford, y se debe a que todavía no pudieron cobrar la sentencia que tienen a favor por US$16.000 millones porque la Argentina decidió apelar. Por eso, recurren a estrategias judiciales de todo tipo para intentar forzar al país a, por lo menos, sentarse en la mesa de negociación.
Una de ellas es intentar demostrar que estas entidades -como Aerolíneas Argentinas o el BCRA- son alter egos del Estado argentino. Si lograran ese reconocimiento, podrían intentar embargar bienes de esos otros organismos.
Ante eso, los beneficiarios se quejaron ante Preska de las demoras en la entrega de la información. En una carta que presentaron, aseguraron que la Argentina usa maniobras dilatorias y dijeron que están dispuestos a avanzar en el pedido de sanciones monetarias o de otro tipo.
A la vez, resaltaron que tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el ahora canciller Pablo Quirno se negaron a entregar sus chats. A ellos se sumaron otras cuatro personas, y varios que no respondieron a la solicitud del gobierno argentino.
“Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego para los 11 oficiales adicionales a más tardar el 16 de diciembre de 2025, y que realice la producción para los otros 14 funcionarios a más tardar el 23 de diciembre de 2025″, pidieron.
Sin embargo, la jueza Preska finalmente estableció que el 10 de enero tiene que haber algún avance en la entrega de información y fijó una nueva audiencia para el 29. En paralelo, la Argentina espera por la resolución de la apelación que presentó en la Corte de Apelaciones sobre la causa principal de la expropiación.