La Cámara Federal confirmó que Argentina puede juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y rechazó la exención de prisión de Noguera Pietri.
La Cámara Federal porteña confirmó este jueves la competencia de la Justicia argentina para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en aplicación del principio de Justicia Universal. Lo hizo al rechazar un nuevo pedido de nulidad de la causa y la solicitud de exención de prisión presentada por la defensa de Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exdirigente del gobierno de Nicolás Maduro.
Al igual que el propio Maduro y su principal aliado político, Diosdado Cabello, Noguera Pietri tiene pedido de captura internacional desde 2024 en el marco de esta investigación. La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a esclarecer ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana desde, al menos, 2014.
La resolución fue firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes confirmaron lo decidido en noviembre pasado por el juez federal Sebastián Ramos. En ese fallo, el magistrado había rechazado los planteos de nulidad y la eximición de prisión solicitada por la defensa, a cargo del abogado Fernando Sicilia.
En su apelación, el exfuncionario venezolano sostuvo que la Justicia argentina carece de competencia para intervenir y que el juzgamiento de los hechos corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Sin embargo, el tribunal de alzada ratificó que, ante la gravedad de los delitos denunciados, resulta aplicable la jurisdicción universal.
“Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitarían su protección universal sin dilación”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi en su resolución. Los jueces señalaron además que esas consideraciones “de momento, no se han visto rebatidas” y que los planteos defensivos constituyen una reiteración de argumentos ya descartados por la propia Cámara en 2024, cuando se declaró la competencia argentina para investigar y juzgar los hechos.
Ese antecedente fue el que habilitó al juez Ramos a librar las órdenes de detención internacional. En septiembre de 2024, el magistrado ordenó la declaración indagatoria de Maduro, Cabello y una decena de acusados —entre ellos Noguera Pietri—, a quienes se imputa la presunta responsabilidad en un “plan sistemático” de torturas, secuestros y ejecuciones diseñado desde las más altas esferas del poder en Venezuela.
En paralelo, los camaristas hicieron lugar a un planteo de la querella, integrada por Waldo Wolff y el abogado Tomás Farini Duggan en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región. En ese punto, revocaron una decisión que había habilitado a la defensa de Noguera Pietri un acceso parcial al expediente antes de su declaración indagatoria, con fundamento en el derecho de defensa.
La querella cuestionó esa medida al advertir que “se pondría en peligro la integridad física de las víctimas de los graves hechos denunciados, colocándoselos en una posición de desprotección frente a un imputado que forma parte de los altos mandos de poder del gobierno de Venezuela”. La Cámara compartió ese criterio y dejó sin efecto el acceso anticipado al expediente.
Respecto de la exención de prisión, el tribunal volvió a negar ese beneficio. Señaló que Noguera Pietri permanece en libertad en Venezuela, donde seguiría vinculado a estructuras de poder, y que la gravedad de los hechos imputados, sumada a la elevada expectativa de pena, torna inviable concederle esa medida. Los jueces recordaron que un planteo idéntico ya había sido rechazado en febrero de 2025 y confirmado un mes después.
No obstante, la Cámara dejó abierta la posibilidad de revisar su competencia en el futuro si se acreditara la existencia de procesos en curso ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo de evitar una doble persecución penal. La CPI juzga los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, entre ellos los delitos de lesa humanidad.
El avance de la causa también se vio impactado esta semana por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas, donde será juzgado por cargos vinculados al narcotráfico. A raíz de ese hecho, la querella y el fiscal federal Carlos Stornelli solicitaron al juez Ramos que impulse el trámite de extradición del mandatario venezolano en el expediente argentino por crímenes de lesa humanidad.
La investigación en Argentina se sostiene sobre el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a intervenir cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, aun cuando los hechos hayan ocurrido fuera del territorio del país.
Fuente Perfil