La denuncia de la DGI impulsada por la fiscal Cecilia Incardona apunta a la red de Sur Finanzas y a siete clubes de fútbol por utilizar «monotributistas sin capacidad económica» para evadir impuestos y blanquear capitales.
El universo del fútbol se ve salpicado por una investigación de lavado de dinero de enormes proporciones. La fiscal federal Cecilia Incardona decidió impulsar formalmente la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, un hombre con fuertes lazos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La mira del organismo judicial se posó sobre la plataforma «Sur Finanzas PSP» debido a un presunto esquema de transferencias millonarias que involucra directamente a varios clubes de Primera División y del Ascenso.
El dictamen fiscal acusa a la financiera de haber movido un volumen de dinero monumental, estimado en $818.000 millones de pesos, a través de una sofisticada ingeniería de lavado. La maniobra, según la Justicia, se basaba en la utilización de una red de operadores sin sustento económico: desde «monotributistas sin capacidad patrimonial» e individuos que utilizan facturas apócrifas hasta «sujetos no categorizados», buscando deliberadamente ocultar el origen ilícito de los fondos.
La vinculación directa entre la financiera y el deporte ya es un hecho judicial. La fiscal destacó la aparición de «Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol» entre los destinatarios de los fondos, nombrando a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. El informe preliminar de la DGI resaltó que, en cinco de estas entidades, la empresa auditora ni siquiera pudo aportar información sobre los montos de las transferencias.
Además del presunto lavado, la denuncia apunta a una evasión tributaria masiva. La acusación detalla que, al utilizar cuentas de terceros (como los monotributistas sin capacidad), los investigados buscaron omitir intencionalmente su rol como agentes de liquidación del Impuesto a los Créditos y Débitos. El fisco reclama por este concepto unos $3.300 millones de pesos, consolidando la teoría de una «ingeniería financiera» orquestada para el blanqueo de capitales.
Con el impulso de la fiscal Incardona, el expediente recayó por sorteo en el juzgado federal de Federico Villena, quien ahora deberá decidir sobre las primeras medidas probatorias. El paquete solicitado incluye el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas y un embargo de hasta $4.000 millones sobre los bienes de Sur Finanzas. Previamente, la fiscal había justificado la demora en la apertura de la investigación argumentando que la presentación original de la DGI estaba incompleta.
La pista Banfield y el doble proceso por lavado
La investigación sobre Sur Finanzas, Vallejo y sus autoridades se centra en determinar si el esquema de transferencias multimillonarias fue una orquestación diseñada para llevar a cabo el blanqueo de capitales de origen ilícito. En esta línea de análisis, el documento judicial puso el foco en un actor específico: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, una entidad ligada al Club Banfield que operó en la plataforma financiera auditada.
La estructura del Fideicomiso se encuentra bajo escrutinio, ya que incluye a la firma Banfileños S.A., cuyos directivos están encabezados por el expresidente de la institución, Eduardo Juan Spinosa, junto a Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker. La situación de estos directivos es doblemente delicada, dado que ya están siendo investigados por presunto lavado de dinero en un expediente conexo que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
La causa también deberá determinar si los implicados utilizaron las cuentas de figuras jurídicas sin respaldo patrimonial, como los monotributistas y sujetos no categorizados, para evadir el Impuesto a los Créditos y Débitos. El presunto delito radicó en que, al operar a través de estos titulares aparentes, los investigados omitieron deliberadamente actuar como agentes de liquidación y percepción del tributo.
Fuente Perfil