- Lanzó un fuerte ultimátum junto a dirigentes, legisladores y jefes comunales del PJ, en el que planteó para tomar deuda por más de USD 3.500 millones.
- Aseguró que $ 250.000 millones del paquete de fondos para los municipios quedará garantizado y se ejecutará antes de junio de 2027 en cinco cuotas fijas.
Apremiado por los plazos y los márgenes de maniobra cada vez más estrechos, Axel Kicillof buscó transformar la pulseada por la ley de endeudamiento -que volverá a discutirse este miércoles en la Legislatura bonaerense- en una cruzada política con posibles consecuencias institucionales.
A menos de 48 horas del llamado a sesiones extraordinarias en las que Diputados y Senadores provinciales deberían debatir (y aprobar) un pedido del Ejecutivo para emitir deuda por más de U$S 3.500 millones, el gobernador cubrió de un tono casi dramático la necesidad de que la política bonaerense adhiera a ese pedido. Y confirmó que habrá $ 350.000 millones de pesos para un fondo municipal. Al respecto, dijo que $ 250.000 de ese paquete quedará garantizado y se ejecutará antes de junio de 2027 en cinco cuotas fijas, “más allá de la deuda que se ejecute”, aclaró.
Kicillof convocó este lunes a intendentes y legisladores, oficialistas y opositores. Acercó hasta la Gobernación a gremios de estatales y otros sindicalistas cercanos y paró en el escenario a todo el gabinete, que se compone por referentes de La Cámpora, el massismo y los propios. En ese foro y con formato de conferencia de prensa, el gobernador denunció “un asedio ilegal” por parte de la Nación contra las financias bonaerenses.
Calificó de “robo” los recortes que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre la jurisdicción: “Nos han robado 12,9 billones de pesos”, dijo Kicillof.
“Con la “nuestra, con la de las provincias, el Gobierno otorga beneficios a otros sectores a partir de quitas impositivas a alguno sectores que termina impactando en los ingresos a nuestra provincia”, dijo el gobernador.
Enmarcó la pelea legislativa por el pedido de endeudamiento en una derivación, como una necesidad imprescindible para seguir con la gestión provincial. No sería un problema de disputa entre sectores internos del oficialismo provincial ni una puja con las facciones opositoras. Es una prioridad que exige el actual contexto y para “que la provincia pueda seguir funcionando”, según las propias palabras.
La Privada del gobernador invitó a todos los presidentes de bloques para ampliar el respaldo a su planteo que pretendió ser institucional. Los referentes opositores faltaron. “Nosotros asistimos a los actos oficiales del Gobierno. No a convocatorias a los medios”, dijo uno de los líderes a Clarín. “¿Cómo vamos a ir si las últimas veces que llamó sólo criticó a los bloques de otros partidos?”, retrucó otro.
La iniciativa del Gobierno provincial es un paquete con tres pedidos donde se busca autorización para tomar deuda por exactos U$S 3.685 millones. Un proyecto de U$S 1.990; otro (que tuvo un recorrido legislativo y no prosperó este año) por U$S 1.045 y poco más de U$S 500 millones que se utilizarían para avanzar con obras de infraestructura de dos empresas estatales: ABSA (agua y saneamiento) y Aubasa (autopistas de Buenos Aires).
Tan importante resulta para la administración bonaerense la iniciativa que algunos desde calle 6, donde funciona la Gobernación, plantean que “sin eso no hay aguinaldos”. Es decir, la gestión provincial no podría afrontar el compromiso salarial de los casi 700 mil agentes estatales, incluidos 100 mil policías y casi 400 mil docentes.
Es que la semana pasada Kicillof logró que el parlamento aceptara sus propuestas de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal. Son dos herramientas de valor fundamental para administrar la cosa pública. Pero inútiles sin el componente de financiamiento.
“Necesitamos funcionar y que funcionen los municipios. Tenemos llamados de intendentes que tienen necesidades para cumplir compromisos corrientes”, ejemplificó el gobernador. Es un punto clave. Una parte importante de la posibilidad de lograr el acuerdo legislativo está sustentado en ese aval de los intendentes, con terminales en las bancadas de PRO y la UCR.
A diferencia del Presupuesto y la impositiva, el oficialismo necesita dos tercios para aprobar el pedido de deuda en Diputados y Senadores. Los nexos de Gobernación con el parlamento tienen la tarea de convencer y seducir a fuerza de ofrecimientos.
Las cartas de negociación -además del voluminoso presupuesto para las intendencias- son los sillones del directorio Bapro, que podría incrementar en número para incluir a la mayor cantidad de aspirantes posibles. Habría, según confirmaron este lunes fuentes legislativas a Clarín, una idea inicial que estaría descartada: aumentar de 8 a 12 esa mesa directiva, porque ya hubo reacciones dentro y fuera de los círculos de debate.
Entonces se incorporarían nuevos cargos como síndicos, auditores o asesores con sueldo de Director, para repartir entre radicales, dirigentes del PRO, libertarios aliados y, obviamente, las parcelas de Unión por la Patria.
Se definen esos nombres para los pliegos, que deberán ser aprobados en el Senado, que sesionará casi en exclusiva para eso un día después de aprobado -si es que se consigue el acuerdo- el reclamado endeudamiento.
El forcejeo implica otros cargos a repartir como los nuevos Consejeros de Educación o jueces del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense. Este es un organismo administrativo, que se encarga de dirimir cuestiones vinculadas con litigios tributarios (pre judiciales) y que actualmente tiene cubierto solo uno de sus nueve cargos de vocales. Quedan ocho lugares para designar y son puestos con sueldos equivalentes al de un juez de cámara de Apelaciones provincial: entre 6 y 8 millones de pesos por mes. Se nombran por resolución del Gobernador y tienen cargo vitalicio (pueden ser destituidos por un proceso similar a un jury)
El listado de exigencias tiene un capítulo complicado. Un sector del radicalismo pretende que el oficialismo garantice uno de los lugares vacantes en la Suprema Corte bonaerense, una discusión que se abriría a mediados del año próximo. Es un antiguo pedido de una porción del radicalismo que responde a Maximiliano Abad y tiene un puñado de legisladores claves en ambos cuerpos deliberativos.
Fuente Clarin