El magistrado consideró que existe una “mancomunidad probatoria” que obliga a unificar el expediente con otra investigación en trámite. Diputados insiste con las pesquisas políticas, pese a la ausencia de la Oficina Anticorrupción.
El juez federal Ariel Lijo declaró este miércoles la incompetencia del juzgado de María Servini para intervenir en la causa por el escándalo de la criptomoneda $Libra y resolvió remitir el expediente a su par Marcelo Martínez De Giorgi, quien instruye otra denuncia vinculada. La decisión fue tomada en el marco de la subrogancia de Lijo, ya que Servini se encuentra de licencia. En la resolución, el magistrado sostuvo que, tras el impulso de medidas de prueba por parte del fiscal federal, se configuró un escenario que obliga a unificar la tramitación judicial.
En el fallo, al que accedió NA, el juez argumentó que “existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”.
De esta manera, el caso $Libra pasará al juzgado de Martínez De Giorgi, que ya tenía en curso una investigación conexa. El magistrado será quien concentre desde ahora la instrucción sobre la maniobra de estafa millonaria vinculada a la fallida criptomoneda.
La decisión implica un cambio de escenario en un expediente que involucra a financistas, empresarios y exfuncionarios, y que en los últimos meses sumó testimonios y pericias contables de gran volumen.
El rol de la comisión investigadora $Libra
En paralelo, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados volvió a reunirse el 9 de septiembre para avanzar en su propio esquema de control político. La convocatoria se mantuvo a pesar de la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de comparecer a brindar declaración testimonial.
La ausencia de Melik generó fuertes acusaciones de la oposición, que lo señaló por intentar “cubrir” al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ambos mencionados en denuncias sobre presuntas responsabilidades en el entramado de la estafa.
Con el expediente ahora bajo la órbita de Martínez De Giorgi, se espera una etapa de acumulación de pruebas y unificación de criterios procesales. El juez tendrá la tarea de coordinar las medidas ya impulsadas y definir el rumbo de la instrucción penal, mientras el Congreso mantiene abierta su propia pesquisa.
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