En medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes; continúa el estado de excepción en ocho de las 24 provincias
Como consecuencia de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, este domingo en Ecuador murió una persona, hubo al menos una decena de heridos y 17 militares que resultaron retenidos contra su voluntad. Esta cuadro de situación se dio en el marco de un paro nacional impulsado principalmente por la Confederación de Nacionalidad Indígenas (Conaie), en rechazo al aumento de los precios de los combustibles.
El fallecido fue identificado como Efraín Fuerez, un comunero indígena de 46 años, quien perdió la vida en un hospital de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, a poco más de 100 kilómetros de Quito.
La Conaie denunció que Fuerez fue “acribillado con tres disparos” de las Fuerzas Armadas. En tanto, en un video compartido por la organización indígena se mostraba cómo un grupo de militares atacaba a patadas a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo.
Por su parte, desde el ejército ecuatoriano indicaron, en un comunicado difundido por X, que la protesta no fue pacífica y señalaron que la muestra de eso es el ataque que recibió un convoy de alimentos destinado a abastecer a las zonas carenciadas. Además subrayaron que, como consecuencia de esa emboscada, 12 militares resultaron heridos y 17 fueron secuestrados.
“Hechos como estos no quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo”, advertía el comunicado.
Con miras a desactivar las protestas, que arrancaron el pasado martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco de esas jurisdicciones rige además un toque de queda nocturno.
El mandatario sostiene que detrás de las protestas se encuentra la organización criminal venezolana Tren de Aragua y advierte que los participantes que cometan delitos serán acusados de terrorismo, con la posibilidad de enfrentar penas de hasta treinta años de prisión.
Por otra parte, la Conaie denunció que militares y policías dispararon «balas reales, dinamita y utilizaron armamento letal» contra las comunidades indígenas, y reportó que hubo «cortes en el servicio de internet y de telefonía celular» que, según afirmó, tuvieron como objetivo “silenciar las denuncias en el marco de la jornada de protestas”.
En ese sentido, la organización reclamó la intervención de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e indicó que el Ejecutivo desplegó una “cacería sangrienta contra el pueblo”.
Quien se expresó en redes sociales sobre el alto nivel de conflictividad vivid, fue el expresidente de Ecuador Rafael Correa, que también se refirió a los sucesos de los últimos días y compartió un video en particular en el que se ve el momento de la muerte de Fuerez. “¡Cómo nuestros soldados se pueden prestar a estas atrocidades!!”, escribió. “Noboa: eres un cobarde asesino”, agregó.
La organización Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador contabilizó hasta el momento 48 personas heridas y 100 detenidas desde el inicio de las movilizaciones el pasado martes. El colectivo también alertó sobre el “riesgo de graves violaciones a los derechos humanos” como consecuencia de la participación de un centenar de militares en las acciones de control desplegadas en la provincia de Imbabura.
No obstante, la Fiscalía General anunció que se abrirá una investigación para esclarecer la muerte de Fuerez, en el marco de un proceso judicial que aún no tiene imputaciones.
El trasfondo de la crisis se vincula con la suba de los precios de los combustibles, que históricamente generó fuertes tensiones sociales en Ecuador.
En 2019, durante la presidencia de Lenín Moreno, la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles desembocó en una ola de protestas que se prolongó durante más de diez días y dejó al menos once muertos.
Tres años después, en 2022, el gobierno de Guillermo Lasso también enfrentó un estallido social por la misma causa, que finalizó con seis fallecidos y más de seiscientos heridos.
Fuente LA NACION