En el marco de la presentación del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el titular de ARCA, Juan Pazo, anunció una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal que calificó como parte de una “exagerada burocracia”. Según dijo, el organismo “nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad”.
Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.El Ejecutivo anunció un decreto y la futura presentación de un proyecto de ley
Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor. Según Pazo, la medida busca proteger el secreto fiscal y eliminar prácticas que consideró invasivas e injustificadas.
La tercera decisión incluyó la modificación de los umbrales de los regímenes que se mantienen vigentes. A partir de ahora, los bancos sólo deberán informar transferencias y acreditaciones bancarias superiores a $50 millones en el caso de personas físicas y $30 millones para personas jurídicas. Para las extracciones en efectivo, el piso se elevó a $10 millones tanto para individuos como para empresas, en línea con “los estándares internacionales”.