El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino cerró la ronda de citaciones ordenadas por el juez Diego Amarante y pone en marcha el plazo para las definiciones; rechazó haber cometido un delito
El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue indagado este jueves por el juez Diego Amarante en la causa que investiga una presunta deuda de la asociación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que habría sido de unos $19.000 millones.
Tapia, que debió responder por él mismo y por la AFA, entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.
Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.
También afirmó -como lo hizo ayer Toviggino- que gran parte de esa deuda ya estaba saldada, un hecho que ya fue corroborado por la Justicia, que investiga de todos modos si con el retraso en los pagos pudo haberse configurado el delito de apropiación indebida de tributos, que sanciona con penas que van de los dos a los 6 años de prisión.
Del mismo modo que los dirigentes que lo precedieron, Tapia no contestó preguntas del juez. Al salir, se defendió públicamente con un mensaje en redes sociales.
“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, dijo el titular de la AFA en la plataforma X. Y añadió: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.
En el escrito que presentó ante el juez Amarante, Tapia también se quejó de la “abrumadora difusión periodística” que tuvo su caso en los medios. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones”, señaló.
El máximo dirigente del futbol llegó al tribunal minutos antes de las 11, a bordo de una camioneta blanca que lo dejó en la puerta. Descendió del vehículo y, como pudo, se abrió paso entre la prensa, que lo esperaba en las escalinatas del edificio. Rodeado por un enjambre de cámaras, demoró más de un minuto en subir los 12 escalones que lo separaban de la puerta de los tribunales. Salió de allí una hora y media después.
“Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados”, dijo Tapia a los medios mientras se retiraba del edificio. Enseguida, buscó cambiar el eje del intercambio con la prensa: “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, dijo, en referencia al partido que la selección argentina tiene pendiente con el país europeo. Su salida fue igual de tumultuosa que su llegada.
Tiempo de definiciones
Con la indagatoria a Tapia, se cerró la ronda de citaciones ordenadas por el juez Amarante en la causa y se puso a correr el plazo de 10 días hábiles para que el magistrado defina la situación procesal de todos los indagados. Antes que Tapia y Toviggino, por el juzgado de Amarante pasaron el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, el expresidente de Racing, Víctor Blanco, y Gustavo Lorenzo, director general de la entidad.
Ayer fue el turno del tesorero Pablo Toviggino, cuya defensa, dirigida por el abogado Marcelo Rochetti, hizo una presentación de más de 100 páginas en donde se repitieron muchos de los argumentos esgrimidos por la AFA en otros escritos previos, con los que apuntaban a hacer caer las citaciones.
En su escrito, Toviggino -que por su rol de tesorero no pudo despegarse de la maniobra- sostuvo que los hechos investigados por la Justicia no eran un delito penal sino una deuda administrativa, derivada de un malentendido técnico. Afirmó que parte de esas obligaciones ya estaban saldadas y remarcó que una resolución del Ministerio de Economía había suspendido las ejecuciones fiscales, lo que, según él, le daba un carácter de “atipicidad” a la maniobra.
Otros problemas
El frente judicial de la AFA se compone de varias capas de expedientes. Uno de ellos es el que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero numerosos indicios sugieren que, en los hechos, podría pertenecer a las autoridades del futbol.
La indagatoria de Toviggino de ayer -en la causa que revisa las cuentas de la asociación- estuvo marcada por una llamativa secuencia de hechos que acrecentaron las sospechas en torno a la quinta. Mientras el tesorero estaba frente al juez Amarante, abajo del edificio judicial lo aguardaba con las balizas puestas una camioneta negra vinculada a los propietarios formales de la quinta investigada en la otra causa, Luciano Pantano y su madre, Ana María Conte.
Se trataba de una Toyota Hilux GR-Sport, a partir de cuya patente (AG579RD) LA NACION pudo confirmar que el vehículo estuvo a nombre de Central Park Drinks S.R.L, la firma que constituyeron el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte y que luego se convirtió en Real Central, dueña en los papeles de la quinta.
Toviggino finalmente se retiró de los tribunales en otra camioneta, una Jeep, que como contó LA NACION, no tenía chapa ni patente impresa.
Por Federico González del Solar
Fuente Lanacion