- Está incorporado al proyecto de Ley Impositiva que aprobó la Legislatura.
- Implicaría hasta un 30% más de lo que deberán pagar las entidades que operan en la Provincia de Buenos Aires.
- Rechazo opositor.
Todo territorio es fértil para la batalla de Axel Kicillof con el Gobierno Nacional. Disimulado en medio de las 240 carillas y 180 artículos del proyecto de Ley Impositiva que debatió este miércoles la Legislatura bonaerense, el gobernador incorporó una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación.
Es un impuesto apuntado de manera quirúrgica: no aplica a los bonos lanzados por otras jurisdicciones provinciales o CABA; tampoco por los municipios de cualquier lugar del país. Incluso no alcanza a las obligaciones negociables de las compañías que salen al mercado en busca de financiamiento.
Al filo de la medianoche de este miércoles Diputados aprobó el proyecto que incluye esta modificación para las entidades financieras. No obstante. fuentes parlamentarias explicaron que se necesitará una «norma reglamentaria» para comenzar a aplicarlo. Y que si ese instrumento se formaliza, entraría en vigencia a partir del 1ro de enero de 2026. El proyecto votado pasó al Senado y estaba todo acordado para convertirlo en ley.
La medida que impulsó el gobernador sólo grava las operaciones con papeles que emita el Tesoro, el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ANSeS u otro organismo nacional. Y deberán pagarlo en concepto de Ingresos Brutos sobre los rendimientos que esos bonos devenguen a quienes los compren. “Es una forma de desalentar la compra de títulos nacionales por parte de bancos, billeteras y agentes de bolsa. Quiere encarecer esa operatoria y de esa manera se afecta este mecanismo de financiamiento que tiene el Estado nacional”, explicó a Clarín un gerente de una entidad financiera alcanzada por la medida.
El impuestazo sobre la operatoria en el mercado de capitales aparece en el artículo 99 de la Ley Impositiva que ya tuvo despacho de comisión hace una semana y se debate en Diputados. Allí se establece una modificación en el artículo 207 del Código Fiscal de la PBA. Es el que determina las exenciones para abonar Ingresos Brutos en el rubro financiero. El original dice que no estarán exentos los agentes de bolsa y los intermediarios. Pero la modificación propuesta por Kicillof agregó: “Tampoco se encuentran alcanzadas por la exención (o sea, deberán pagar 9% de alícuota) las entidades financieras en las operaciones con títulos emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria”.
Lo advirtieron los “brokers” de la Bolsa y también algunos legisladores de la oposición. El presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini advirtió, antes de ingresar al debate: “El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir. Desde el Bloque Pro asumimos la posición de rechazo ante esta iniciativa del gobierno de Kicillof”, escribió en su cuenta de X.
Cómo pagan Ingresos Brutos los bancos
Los bancos, billeteras virtuales o Fintech que “intermedian” en la compra de títulos pagan una alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) por tener operaciones en las provincias. Cada servicio o bien que comercializan tiene su alícuota, como ocurre con otras actividades gravadas por este impuesto.
Ahora al obtener una ganancia por el rendimiento de los bonos, deberán abonar hasta el 9% (el tope que permite a las provincias un pacto fiscal firmado hace años). Se hace mediante un mecanismo denominado Convenio Multilateral, por el cual se liquida IIBB a cada jurisdicción, en función de la facturación realizada en un período determinado (puede ser una declaración jurada mensual, bimestral o anual, de acuerdo con la actividad).
En este caso, una entidad -supongamos el Banco Santander, o el Galicia- deberá, al momento de presentar la DDJJ de IIBB, derivar el 9% de los rendimientos de los bonos (por caso, el AL30, uno de los más conocidos) a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). El cliente de esa entidad -o de otra- que compre ese mismo bono no está obligado a pagar. Porque aunque lo haga a través del «homebanking», la sociedad financiera sólo actúa como intermediaria. No es la propietaria de ese papel.
Distinto es el caso de las operaciones que hacen estos y otros entes de crédito cuando compran licitaciones del Tesoro, o del Central, por miles de millones de pesos. Sobre la eventual rentabilidad de ese negocio se aplica el 9% de alícuota. Los bancos luego podrían trasladar ese gasto extra a los servicios que brinda a sus clientes.
Otras provincias que cobran IIBB no aplican tributo sobre esa operatoria. Según dijeron a Clarín fuentes del sector, Córdoba, Mendoza, CABA, Salta, Entre Ríos o Santa Fe (para mencionar las más importantes) no cobran por la renta financiera.
Según las entidades, este ajuste en el cinturón tributario puede representar un aumento de hasta el 30% en lo que una firma debería pagarle a Buenos Aires en 2026. “Ese mayor costo las entidades lo trasladarán a los servicios y en especial a la tasa de interés de los préstamos”, anticipó Ranzini. El legislador quiso saber cuánto más recaudaría ARBA por este concepto el año próximo. “Las autoridades no dieron ese dato”, aseguró el diputado.
El Presupuesto que envió Kicillof contempla un gasto de casi 41,5 billones de pesos para todo el ejercicio para la administración del Estado. Es casi un 20% más que lo proyectado para el gasto de este año.
Prevé ingresos por 12 billones de pesos de Ingresos Brutos y 2,1 billones en el cobro de los impuestos patrimoniales (Patentes, Inmobiliario Urbano y Rural).
Por cuerda separada, se envió a la Legislatura dos leyes de endeudamiento por US$ 1.990 millones y por US$ 1.040 millones. Se trata de títulos y bonos que Buenos Aires deberá negociar en los mercados internacionales para afrontar compromisos con acreedores en 2026 y también para financiar proyectos de infraestructura contemplados en el Presupuesto.
Fuente Clarin