Ahora la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudar su sede a la Provincia y tener menos controles

Ahora la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudar su sede a la Provincia y tener menos controles

  • El jueves presentó documentación en la Inspección General de Justicia, que depende del Gobierno nacional y le pide explicaciones por irregularidades en los balances.
  • Puede ser un primer paso para trasladar su sede a Pilar, donde Chiqui Tapia y Toviggino tienen amigos políticos y judiciales.

Pese a que hace apenas una semana había desacreditado la autoridad de la Inspección General de Justicia (IGJ) para controlar sus balances, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) presentó finalmente documentación ante este organismo dependiente del Gobierno nacional. Allí da precisiones sobre un millonario aumento de gastos que aparecía sobre todo en su balance de mediados del 2024 y que según la IGJ no está debidamente explicado. El cambio en la actitud de la AFA tiene un objetivo claro: ponerse en regla para poder finalmente mudar su sede porteña al partido bonaerense de Pilar, donde el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino, manejan contactos políticos con la intendencia y judiciales para gozar de menos controles.

En su crítica de hace apenas seis días a la IGJ, a través de un comunicado, la AFA había asegurado que la asociación «se encuentra en la actualidad bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires». Sin embargo, dos días después se presentó en el organismo nacional para detallar el aumento de gastos.

Como contó Clarín, aunque la AFA habla de una sede ya mudada y en regla, en los hechos se trata de apenas un cartel, en un predio con los pastos crecidos, que dice «Próximamente sede de la AFA».

El cambio de jurisdicción buscó acelerarse luego de que la IGJ, por impulso del Gobierno nacional, señalara las inconsistencias en los balances de la Asociación de Fútbol, por un monto que supera los 400 millones de dólares.

El dato de esa irregularidad se conoció mientras se investigan actos de corrupción en distintas causas gastos y desvíos millonarios vinculados con Tapia, Toviggino, presuntos testaferros y el empresario Javier Faroni, acercado a este círculo por Sergio Massa.

Según datos de la IGJ, sólo el balance del ejercicio 2024 requería explicaciones por gastos cercanos a unos 100 millones de dólares. Fuentes del organismo nacional recordaron que de arranque la AFA sostenía que esa documentación ya había sido aprobada por la Provincia. ¿Más conexiones? Tapia es funcionario de la CEAMSE, por apoyo del gobernador Axel Kicillof, con quien incluso firmó un acuerdo para el manejo del estadio de La Plata.

En cuanto al vínculo con el municipio de Pilar, allí no sólo se encuentra el cartel de «Próximamente AFA». En ese partido también está la ya famosa quinta/mansión comprada por presuntos testaferros de los dirigentes de AFA.

Como adelantó este diario, la AFA había decidido tras la victoria de Milei huir de la IGJ para meterse bajo el paraguas de La Cámpora y Kicillof en Provincia. Improvisaron un domicilio en Pilar del intendente amigo Federico Achával y su asesor César Mansilla, también operador de Tapia, amigo del fiscal y de los dos jueces locales y presidente del club Real Pilar, frente al cual pusieron el cartel de la futura sede. Pero la IGJ no aprueba la mudanza hasta que normalicen toda la documentación y la AFA fue a la Justicia. Dicen que gracias a los oficios de Daniel Angelici logró que en principio la Cámara de Apelaciones les dieran la razón.

En la IGJ sostienen que no se niegan al cambio de jurisdicción, pero aclaran que deben cumplirse todos los pasos requeridos por las normas y eso aún no ocurrió. Y agregaron que si bien se descarta por ahora poner un veedor dentro de la AFA, aún deben analizar los detalles de gastos que acercaron ahora Tapia y sus abogados, y podrían exigir nuevas precisiones.

El director general de la IGJ, Daniel Vítolo, busca despolitizar el tema: «La IGJ sólo se ha limitado a exigir información relevante en el cumplimiento de sus funciones como autoridad de contralor en el ámbito administrativo», señaló en un comunicado.

Fuente Clarin