La abogada de 29 años permanece retenida en el país vecino, acusada de racismo tras un episodio a la salida de un bar en Río de Janeiro. El fiscal brasileño solicitó la prisión preventiva y una entidad pidió la intervención de la Cancillería argentina.
La Justicia de Río de Janeiro solicitó en las últimas horas la detención preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de «injuria racial» tras realizar gestos a los empleados de un restaurante de Brasil. La joven permanece monitoreada con tobillera electrónica, sin posibilidad de acceder a su pasaporte para regresar al país, mientras que una fundación reclamó la intervención de Cancillería Argentina.
Alojada en un departamento hasta que se defina su situación procesal, Páez preguntó a su entorno por qué la Justicia brasileña endureció su postura por los hechos ocurridos el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema. «Está muy preocupada y triste, siente que esto ya es una pena anticipada», señaló una fuente cercana a la letrada santiagueña.
En ese contexto, trascendió que la joven de 29 años llamó llorando a su abogado, Sebastián Robles, quien está tramitando un habeas corpus para que pueda volver a Argentina y seguir el proceso desde su domicilio. Los fiscales consideraron que la conducta de la turista fue discriminatoria y que las medidas tomadas hasta ahora «no fueron suficientes» para neutralizar el peligro procesal existente.
Páez está acusada de “injuria racial” por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante. Los relatos de las personas que habrían sido agraviadas fueron corroboradas por las declaraciones de testigos e imágenes de video, según explicó la Fiscalía.
Por otro lado, los representantes del Ministerio Público Fiscal brasileño remarcaron que una de las amigas que acompañaba a Páez habría intentado frenar sus gesticulaciones, lo que —según la acusación— evidenciaría «conciencia» de la gravedad de la situación. La información del documento judicial fue difundida por el sitio UOL.
La defensa de la argentina rechaza esta versión e indicaron que se inició un conflicto a la hora de pagar la cuenta. Agostina Páez había dicho que su reacción fue inapropiada, pero que ocurrió tras ser agredida por el personal del bar, que supuestamente se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”. De acuerdo a la denuncia, fue demandada por llamar «negro» a uno de los empleados y «mono» a la cajera del local.
Robles sostuvo que no tiene sentido confirmar su detención ahora si no lo hicieron ahora, cuando se podría haber alegado el peligro de fuga. El abogado también consideró el pedido de los fiscales es «exagerado» y aunque no niega que el delito que se le indilga a su clienta tiene un fuerte peso cultural, su caso podría tomarse de manera «ejemplificadora».
Una fundación pidió la liberación de la argentina presa en Brasil
Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía de Río de Janeiro, la Fundación Apolo realizó un reclamo en el que planteó que la imputación contra la joven oriunda de Santiago del Estero fue desproporcionada al no contar con una condena firme por el cargo de «injuria racial». En el escrito se menciona que la detención se produjo después de un desacuerdo en el pago de la cuenta de un bar y la acusación por los gestos ofensivos.
El documento plantea que el sistema penal brasileño no se ajustaría a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y advierte que la medida restrictiva fue «adoptada sin evaluación adecuada de alternativas menos gravosas«, sin consideración de la condición de mujer extranjera de la imputada.
La fundación, dirigida por el exlegislador Yamil Santoro, mencionó que antes de que Páez tuviera ese comportamiento hay registros fílmicos que muestran que uno de los empleados del lugar hizo gestos obscenos dirigidos hacia ella y sus amigas. En este punto, esbozaron que «su reacción sería descontextualizada» si no se tiene en cuenta el intento de cobro indebido y las burlas de carácter sexual.
Además, el documento señaló que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior, habilita a la Cancillería para intervenir ante una persecución penal que no supera los criterios de razonabilidad o debido proceso. También citó otras normativas internacionales, como la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok, que determinan un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
La entidad cuestionó que los hechos se usen con fines de “ejemplaridad”, al difundir material en redes sociales oficiales que reforzarían una lógica de estigmatización y “mano dura”, mientras que pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores que ejerza activamente la protección consular con un reclamo diplomático.
Fuente Perfil