El exdirector de Acceso a Servicios de Salud presentó un descargo ante la Justicia, rechazó las acusaciones y apuntó al ex titular de la ANDIS por el manejo del organismo.
El exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel María Garbellini, presentó un extenso descargo ante la Justicia en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos. En su escrito, negó haber participado en maniobras ilícitas y apuntó directamente contra Diego Spagnuolo, entonces director ejecutivo del organismo, a quien acusó de haber concentrado “la suma del poder” y de tomar las decisiones centrales de gestión.
Con esta presentación, quedaron expuestas versiones abiertamente contrapuestas entre las dos máximas autoridades que tenía la ANDIS al momento de los hechos investigados. Spagnuolo ya había sostenido en su propio descargo que las compras cuestionadas dependían “exclusivamente” de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y que su titular “ni siquiera fue designado” por él. Garbellini, ahora, buscó desmentir esa afirmación y reconstruyó el proceso de su llegada al organismo
Según relató, a fines de mayo de 2024 recibió una llamada telefónica de Spagnuolo, quien se presentó como director ejecutivo de la ANDIS y lo convocó a una entrevista ese mismo día. En su escrito ante el juez Sebastián Casanello, el exfuncionario detalló cómo fue su desembarco en la Agencia y mencionó a distintos integrantes que, según afirmó, pueden dar cuenta de ese proceso.
Garbellini también reconoció haber tenido un trabajo “part time” como asesor legal en la Obra Social del Personal de Seguridad e Investigaciones Privadas (OSPSIP), un dato que ya había sido mencionado por el fiscal Franco Picardi en uno de sus dictámenes. En esa obra social trabajó junto a Roger Grant, otro de los imputados en la causa, a quien —según la investigación— Garbellini habría hecho ingresar a la ANDIS para administrar el sistema de compras SIIPFIS, utilizado para las compulsas de precios a un grupo reducido de droguerías.
En su defensa, Garbellini sostuvo que al asumir el cargo encontró una gestión “precaria” de los medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud, que se realizaba mediante cotizaciones por correo electrónico y registros en planillas Excel “sin protocolo o trazabilidad institucional”. En ese contexto, aseguró que impulsó la implementación del sistema SIIPFIS con el objetivo de dotar de mayor control y transparencia a los procesos de adquisicion
Uno de los ejes centrales del descargo fue la estructura de poder dentro de la ANDIS. Según el exdirector, Spagnuolo concentró facultades clave y decidió de manera personal los procesos administrativos, las designaciones, los dictámenes jurídicos y los niveles de acceso a los sistemas informáticos. En esa línea, Garbellini afirmó que nunca tuvo autorización para ordenar pagos ni contó con firma digital para aprobar gastos.
Respecto de las compras de medicamentos mediante procedimientos abreviados, el escrito justificó esa modalidad en la necesidad de responder a urgencias médicas impostergables. Garbellini argumentó que el Estado tiene la obligación legal de garantizar la cobertura inmediata de tratamientos para patologías graves, y que los plazos de una licitación ordinaria podrían poner en riesgo la vida de los pacientes. También sostuvo que siempre se adjudicó a la oferta más económica y que los valores se verificaron con precios de referencia del mercado.
Para rebatir las sospechas de sobreprecios, señaló que no es comparable la operatoria del programa Incluir Salud con las compras mayoristas de hospitales o del PAMI, ya que se trata de medicamentos específicos para cada paciente y con logística de entrega en todo el país, lo que incide en los costos finales.
En el cierre de su presentación, Garbellini solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas la citación de responsables de las áreas de informática y legales, informes sobre su situación patrimonial y la incorporación de datos sobre los reclamos judiciales que, según indicó, motivaron compras urgentes. Aseguró que sus ingresos provienen de su actividad profesional y negó haberse enriquecido durante su paso por la función pública.
Hasta el momento, el único imputado que declaró fue Roger Grant, quien afirmó que seguía instrucciones directas de Garbellini. El fiscal Picardi, en tanto, también sostuvo que el exdirector habría actuado bajo órdenes de otros imputados, entre ellos Pablo Atchabahian. Con el descargo presentado, la investigación suma ahora un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas en el corazón del organismo encargado de garantizar la cobertura de salud a personas con discapacidad.
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