- El TOF 7 continuó con la lectura de las confesiones contra la expresidenta respecto del cobro de sobornos a los empresarios viales.
- Las listas que pedía y revisaba personalmente para liberar pagos a quienes pagaban las coimas.
Una nueva audiencia del juicio Cuadernos de las Coimas se llevó a cabo este martes, siempre de manera virtual. A cargo del TOF 7- integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- con la intervención de la fiscal general Fabiana León, se continuó con la lectura de las acusaciones y pruebas centrales recabadas en el tramo conocido como la Camarita. En este expediente conexo a la causa central, se responsabilizó a Cristina Kirchner de haber «impartido directivas con el objeto de crear un mecanismo de recaudación de dinero ilícito».
Desde San José 1111 y nuevamente sin mostrarse en cámara, la expresidenta escuchó las imputaciones que pesan sobre ella, en el marco de este expediente.
La lectura del requerimiento de elevación a juicio desnudó el funcionamiento de un circuito aceitado, montado para recaudar coimas en la gestión de las obras públicas viales. Las acusaciones exponen un rol clave del empresariado y de quienes los beneficiaron una vez gracias a los aportes ilegales.
La “camarita” es uno de los expedientes conexos a la causa central sobre los cuadernos de las coimas, donde se le atribuyen a Cristina más de un centenar de sobornos recibidos. Los mismos fueron pagados por diversos empresarios vinculados a la Cámara de la Construcción que presidía Carlos Wagner.
Con 51 personas procesadas de las 126 que fueron investigadas en la causa de los Cuadernos, el tramo que se concentra en el circuito de sobornos que se recolectó desde la Cámara de la Construcción se logró desentrañar tras un conjunto de confesiones clave: la de Wagner, la del financista Ernesto Clarens, la del ex secretario de Obras Públicas José López y de un grupo de empresarios que pagaban sistemáticamente esas coimas.
El esquema de corrupción de la Camarita
Se determinó que se abonaron anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%– o montos más concretos y relacionados con certificados de obra.
Se “corroboró con el grado necesario de esta instancia que Cristina Kirchner impartió directivas con el objeto de crear un mecanismo de recaudación de dinero ilícito en ese rubro. Principalmente, a partir de la Dirección Nacional de Vialidad, encabezada por el entonces gerente de administración, Sergio Hernán Passacantando, el ex administrador general, Nelson Guillermo Periotti, y el entonces gerente de obras y servicios viales, Sandro Férgola, quienes resultaron ser miembros del mismo grupo criminal”.
Para la justicia Cristina no sólo tenía conocimiento de la maniobra, sino también fue quien dio directivas precisas para la recaudación de sobornos.
En un momento de la audiencia se escuchó la principal responsabilidad penal atribuida a la ex presidenta: “Cristina Kirchner se encontraba en la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible, de forma tal que todos los eslabones que se encontraron debajo, fueron instaurados, en cierto punto, a través de su aprobación”.
Se añadió al respecto que agentes de suma relevancia, como Julio De Vido, Ernesto Clarens y José López “cumplieron el rol que ella misma les otorgó, y en base a los cuales debían impartir de las directivas con el propósito de obtener aportes por parte de los referentes de la compañía”.
A cambio de ese mecanismo la ex presidenta “se comprometió a darles ventajas o favores específicos en los procesos administrativos que se encontraban en curso, de manera tal de ser recompensados económicamente por esos pagos derivados a las arcas propias de los representantes estatales”.
El pacto de los empresarios con los funcionarios
En la audiencia se repasó la mecánica de los sobornos, según la cual José López confeccionó la lista de empresarios que pagaban coimas para privilegiarlos, aunque esa nómina «la realizó también con Cristina Fernández», según confesó Ernesto Clarens el 3 de septiembre de 2018.
Así se repasó lo dicho por el financista: “En total asciende aproximadamente a la suma de 30 millones de dólares, la efectuaba para José López, se la entregaba a López, como dije, en el domicilio cerca del Hotel Faena. Según López, él preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero”.
Tras ello, y luego de que la Dirección Nacional de Vialidad pagara los certificados de obra, las empresas iban a quedar consignadas en otro listado, también aportado por Clarens, “el cual iba a cristalizar las circunstancias en las cuales los representantes de las distintas compañías iban a dirigirse a las oficinas del financista para entregarle un porcentaje de lo cobrado”.
Las órdenes eran de Cristina Kirchner
Era la ex mandataria quien, según los dichos de José López, “la que me la devolvía con el monto que debían cobrar esas cuatro empresas [-Austral, CPC, Electroingeniería y JCR-] y yo lo rehacía, y se lo pasaba a Passacantando. Ese era el listado autorizado para pagar».
Se recordó, una vez más, lo que contó José López como arrepentido. Cuando murió Néstor Kirchner, en 2010, «a Cristina le conté todo. Que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía y que tampoco conocía el mecanismo del OCCOVI hasta que se fue Uberti, y le aclare que después de Uberti no se recaudo mas en el OCCOVI. Creo que no me creyó y me mandó una auditoria que duró meses”.
Un listado que la compromete
“Después de la reunión con la Presidenta y Julio de Vido en Olivos en el año 2011, la Presidenta le pide a De Vido el listado de pagos mensual de todas las obras del Ministerio de Planificación, discriminado por empresas. Y me piden los dos a mí, que haga lo mismo para la Dirección Nacional de Vialidad, que dependía de mi Secretaría de Obras Públicas”, confesó López.
Todos los meses, “con la información de los certificados de obra que me entregaban los directivos de la Vialidad y con el cupo presupuestario o monto disponible para pagar ese mes a las empresas, que lo fijaban Roberto Baratta y el Ministro De Vido, yo desarrollaba en forma proporcional el listado que le correspondía cobrar a cada empresa. Ese listado era entregado a la Presidenta y a Julio De Vido”. El ex secretario de Obras Públicas detalló que esa lista «se las entregaba en mano y en papel, a cada uno por su lado”.
La ex presidenta -según la acusación del Ministerio Público Fiscal-, “se fijaba los montos que debían cobrar básicamente Austral (de Lázaro Báez), CPC (de Cristóbal López), Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra) y JCR (de Juan Carlos Relats), y lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto de las empresas”.
En similar sentido se expidió Ernesto Clarens como arrepentido. Dijo: “Según López, él preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero. Deseo agregar que Muñoz siempre me mencionó que todo este efectivo estaba en archivos metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde había un olor a tinta muy importante. Muñoz me comentó que el dinero era trasportado los días viernes en aviones oficiales que salían de Aeroparque del sector militar y aterrizaban en el aeropuerto de Rio Gallegos, o bien en El Calafate. E l destino final del dinero siempre era El Calafate.”
Otro testimonio que compromete a la ex mandataria es el del empresario Juan Chediack, quien dijo que “tenía una relación directa con José López y con Ernesto Clarens, y que el primero “tenía listas con las empresas que no podían trabajar y tenía listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de Vialidad».
Fuente Clarin