Se están juzgando 540 hechos de supuestos pagos ilegales realizados por empresarios al poder Ejecutivo para poder acceder a contratos de obra pública.
Luego del fracasado intento de recusación que presentó la defensa de Julio De Vido, el Tribunal Oral Federal Nº 7 intentará avanzar este jueves 4 de diciembre con la Causa Cuadernos, centrándose en las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, en el cual la fiscalía muestra el eje de su argumento acusatorio: la existencia de un sistema organizado con una clara jerarquía de mando, creado con el objetivo de recaudar dinero de manera ilegal que funcionó, entre los años 2003 y 2015, desde el Ministerio de Planificación.
En la parte final de este requerimiento se trata la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. En este tema, la fiscalía dio por acreditado un mecanismo dual para obtener el dinero: uno que realizaban los funcionarios, donde se retiraba el efectivo de forma directa de las compañías, y otro realizado por actores financieros que recolectaban fondos gracias a retornos pactados previamente en las obras públicas más grandes de ese período.
Este jueves, durante la séptima audiencia, la reconstrucción intentará exponer la operatoria y el comportamiento de los empresarios acusados. Según el análisis fiscal, firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR formaron parte de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en licitaciones, contrataciones públicas, modificaciones de plazos, pagos atrasados, certificaciones y gestiones regulatorias. En cada uno de estos casos, el dictamen describe el hecho probatorio que conecta comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y la presencia de funcionarios.
Hasta este momento, la lectura se había centrado en reconstruir lo ocurrido y describir a los actores involucrados en el supuesto esquema de corrupción. Lo que se hará a continuación es la exposición de cómo el fiscal Carlos Stornelli logró unir toda esa inmensa masa de información para apoyar su afirmación más fuerte: que hubo un esquema delictivo centralizado cuyos circuitos, de acuerdo a la denuncia, terminaban en el departamento de la calle Uruguay (donde vivió Cristina Kirchner), o en la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido los fondos recaudados en nombre del Poder Ejecutivo.
Si el tiempo lo permite, también se leerá el tramo que hace referencia a Roberto Baratta, a quien el Ministerio Público presentó durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del esquema de recaudación y su trabajo como nexo entre empresarios, intermediarios y otras figuras influyentes.
El juicio sufrió un retraso inesperado el 2 de diciembre, cuando el tribunal se vio obligado a detener el debate durante casi cuatro horas para poder estudiar el pedido de recusación de De Vido, pedido que, al final, fue rechazado.
De qué se trata la causa “Cuadernos”
Se están juzgando 540 hechos de supuestos pagos ilegales realizados por empresarios al poder Ejecutivo para poder acceder a contratos de obra pública. Cristina Kirchner es la principal acusada porque, según la fiscalía, fue la cabeza de la presunta asociación ilícita y cohecho que tuvo lugar entre los años 2003 y 2015, permitiendo que se realizaran estas maniobras ilegales.
Junto a la expresidenta están siendo juzgadas 86 personas más, incluyendo exfuncionarios de su gobierno (como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública, José López) y medio centenar de empresarios.
La fiscal general Fabiana León, que lleva adelanta la acusación, explicó: “Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
Fuente Perfil