Los especialistas coinciden en que el fenómeno se sostiene por la deserción escolar, las desigualdades territoriales, la baja productividad y la carga del cuidado de familiares.
En un centro barrial de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, funciona un aula equipada con algunas computadoras donadas. No es una oficina de empleo y tampoco un centro educativo formal. Es, para muchos jóvenes, el único punto accesible de conectividad donde pueden cargar un currículum, completar un formulario o buscar un curso gratuito. Joaquín, de 19 años, vive en una zona donde no existe una oferta formativa laboral estable. Cuando consigue un trabajo temporal deja de asistir; cuando ese trabajo termina, vuelve al centro barrial con la intención de retomar algo pendiente. Su historia, breve y fragmentada, refleja un fenómeno que atraviesa a casi dos millones de jóvenes argentinos.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (de la Universidad Católica Argentina) confirma que el 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja y que esta proporción se mantiene casi sin cambios desde hace más de una década.
La tasa crece si la medición se extiende hasta los 30 años y se vuelve especialmente crítica entre los sectores de menores ingresos. La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en su último informe sobre empleo juvenil, señala que uno de cada cinco jóvenes en América Latina está fuera del sistema educativo y laboral, pero la Argentina supera ese promedio debido a las características de su mercado laboral, la informalidad extendida y los años de estancamiento económico.
Las más perjudicadas
Los datos advierten también que la debilidad arranca mucho antes de los 18 años. Solo uno de cada diez estudiantes termina la secundaria a tiempo y con aprendizajes adecuados en lengua y matemática. Entre quienes no logran completarla, la mayoría pertenece a hogares donde los ingresos no cubren las necesidades básicas. En los barrios más vulnerables, la conectividad es intermitente: casi un cuarto de los hogares no ubicados en grandes centros urbanos no tiene acceso estable a internet, lo que afecta tanto la continuidad escolar como la búsqueda de empleo y el acceso a cursos.
En el caso de las mujeres jóvenes, las investigaciones de CIPPEC sobre cuidados muestran que el 67% de quienes no estudian ni trabajan realiza tareas domésticas o de cuidado no remunerado, y que el 95% de esas tareas está concentrado en mujeres. Esa responsabilidad explica buena parte de la brecha de género en la participación laboral juvenil y expone otro dato estructural: sin políticas de cuidado, la desigualdad educativa y laboral se amplía.
Estas condiciones reproducen una tendencia que se percibe en casi todas las provincias: jóvenes que entran y salen del sistema educativo, alternan empleos precarios, se hacen cargo de tareas familiares y encuentran muy pocas ofertas formativas compatibles con horarios irregulares, traslados largos o recursos limitados. En el centro barrial de Moreno, las coordinadoras del espacio explican que muchos abandonan un curso porque sus horarios cambian semana a semana, porque deben cuidar a un hermano o a un hijo, o porque el costo del transporte hace inviable cualquier recorrido diario.
La situación detrás de los números
Daniel Martini, presidente de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, sostiene que el fenómeno debe analizarse en relación con las transformaciones globales del empleo y con las dificultades que atraviesa la Argentina. “Organismos como UNESCO, ONU y el Foro Económico Mundial señalan la urgencia de focalizar esfuerzos en la formación de las juventudes para adaptarse al nuevo mercado laboral. La Argentina convive con esas dinámicas globales y con restricciones económicas que profundizan las brechas”, afirma.
Martini también cuestiona el uso extendido del término “Ni Ni”. “El concepto instaló la idea errónea de que esta condición depende exclusivamente de la voluntad individual. Lo que vemos en nuestras investigaciones es que la mayoría de estos jóvenes no accedió a una oferta formativa adecuada ni a oportunidades reales de inserción laboral”, sostiene. La Cámara trabaja con más de 1400 instituciones en todo el país y afirma que esa presencia territorial les permite observar que “la exclusión suele estar vinculada a contextos donde faltan recursos, acompañamiento y una oferta local de formación que responda a las necesidades del entorno”.
Desde CIPPEC, el análisis suma otras dimensiones. Manuel Mera, director de Protección Social, explica: “Las causas que sostienen la cifra del 30% combinan tres elementos centrales: trayectorias educativas frágiles, déficit de habilidades laborales y desigualdades territoriales profundas”. Detalla que solo un reducido porcentaje llega al final de la secundaria con aprendizajes satisfactorios y que esa debilidad “condiciona toda la vida laboral posterior”.
Al hablar de las brechas territoriales, Mera señala que “en el NOA y el NEA la estructura productiva es de baja productividad y no genera empleo formal suficiente para los jóvenes. Allí la transición entre escuela y trabajo suele quedar trunca”. También remarca la desigualdad de género: “Las mujeres jóvenes enfrentan tasas de desempleo más altas y las responsabilidades domésticas y de cuidado dificultan sostener estudios o empleos”.
Roxana Maurizio, directora del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política dependiente de la UBA/CONICET), destaca la heterogeneidad de la población juvenil que no estudia ni trabaja. “El indicador agrupa situaciones muy distintas. Muchos alternan trabajos ocasionales, trayectorias educativas interrumpidas y responsabilidades familiares que hacen difícil sostener procesos formativos prolongados”, explica. También advierte: “La oferta educativa suele ser poco flexible y no se adapta a los tiempos, necesidades y recursos de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad”.
Sobre el impacto de la pandemia, Maurizio señala. “Las interrupciones prolongadas del vínculo escolar, el aislamiento y el menor contacto social afectaron el rendimiento académico y las condiciones emocionales con las que muchos intentaron retomar estudios”. Y agrega un dato conceptual relevante: “Hay una brecha entre las expectativas de los jóvenes y lo que encuentran en el sistema educativo y en el mercado laboral. Muchos no identifican empleos que les permitan crecer ni trayectorias educativas que les resulten significativas”.
Desde El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el investigador y Coordinador de Desarrollo de Datos y especialista en desigualdad y trabajo, Eduardo Donza aporta una mirada estructural basada en décadas de relevamientos. “La Argentina arrastra más de tres décadas con niveles de pobreza por ingresos que no bajan del 25%. Esa continuidad produce exclusiones intergeneracionales que impactan directamente en las trayectorias educativas y laborales”, afirma. También señala que “cuando los aprendizajes escolares son insuficientes, aun con titulación, las oportunidades laborales se reducen”.
Donza observa que la informalidad laboral aparece desde edades tempranas. “Muchos jóvenes crecen en hogares con empleos informales, ingresos inestables y bajo capital educativo, y eso condiciona sus posibilidades futuras. La participación temprana en trabajos de muy baja calidad limita la continuidad educativa y reproduce empleos precarios”, explica. Sus informes muestran que, en los barrios más vulnerables, los jóvenes suelen incorporar tempranamente tareas laborales junto a sus familias, lo que acorta las oportunidades de sostener la escuela.
¿Qué está en juego?
Cuando los especialistas describen este fenómeno, dejan en claro que no se trata solo de un problema juvenil. Las consecuencias afectan al conjunto de la sociedad.
La OIT estima que cada año adicional sin formación o sin empleo reduce el ingreso laboral futuro entre un 8% y un 12%. La CEPAL por su parte advierte que los países donde la transición escuela–trabajo supera los dos años tienden a consolidar mercados laborales más desiguales. En la Argentina, los jóvenes que logran su primer empleo estable tardan, en promedio, más de dos años en alcanzarlo.
La UCA señala que la pobreza multidimensional —que combina ingresos, educación, salud, vivienda y trabajo— se transmite de generación en generación. Tres cohortes consecutivas de jóvenes atravesaron su infancia y adolescencia en un contexto donde la pobreza por ingresos no bajó del 25%. Ese escenario condiciona hábitos, expectativas y vínculos sociales. La escuela, que debería funcionar como un espacio de integración, se vuelve muchas veces una institución difícil de sostener. El mercado laboral, por su parte, ofrece empleos de baja calidad que no permiten trazar un horizonte claro.
La desinserción prolongada también genera efectos emocionales y sociales: aislamiento, mayor exposición a consumos problemáticos, vínculos fragmentados y pérdida de motivación. Ninguno de estos factores aparece de manera individual; funcionan como un entramado que reafirma la exclusión.
Martini explica que el Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030 busca articular municipios, instituciones locales y sectores productivos para ofrecer capacitación gratuita en habilidades digitales, inteligencia artificial y competencias transversales. “El impacto del programa depende de su despliegue territorial: la presencia municipal es clave porque permite identificar necesidades concretas e incluir a jóvenes que suelen quedar fuera de las ofertas educativas tradicionales”, sostiene. Agrega que el plan incluye tres unidades estratégicas —la Academia de Desarrollo y Entrenamiento, el Observatorio y el Portal de Empleo— para medir participación, adquisición de competencias y continuidad educativa y laboral.
Para CIPPEC, la clave está en vincular la formación con sectores productivos específicos. Mera afirma que “la formación profesional vinculada a sectores definidos tiene mayor impacto que los programas generalistas”. Señala que los contratos de aprendizaje y las pasantías reguladas “permitirían ampliar prácticas laborales protegidas para jóvenes y facilitar la inserción inicial”. También destaca la necesidad de fortalecer las oficinas de empleo municipales como espacios de orientación, validación de competencias y coordinación entre programas.
El IIEP destaca la importancia de un enfoque integral. Maurizio señala: “Los programas de formación dual permiten combinar estudio y trabajo y ajustar los tiempos educativos a las posibilidades reales de los jóvenes”. También menciona que “la capacitación modular ofrece habilidades relevantes en períodos breves y la educación técnica es clave para reducir brechas de calificación”. Sobre las habilidades prioritarias, explica: “La alfabetización digital, las competencias informáticas básicas y las habilidades socioemocionales son esenciales para acceder a sectores dinámicos”.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA aporta una mirada complementaria. Donza afirma que “para jóvenes en situación de exclusión severa, es fundamental desarrollar espacios puente que permitan reconstruir hábitos, vínculos y capacidades previas a la formación formal”. Describe estos espacios como lugares donde se combinan actividades recreativas, culturales, tecnológicas y de acompañamiento. También señala que “las becas educativas y las transferencias de ingresos pueden funcionar como incentivos para sostener trayectorias educativas y la participación en programas laborales”.
A nivel regional, los países con mejores tasas de inserción juvenil —como Chile o Uruguay— lograron articular formación técnica, prácticas laborales, tutorías y sistemas de certificación. Brasil, Colombia y México avanzaron en modelos federales de educación profesional con certificaciones modulares reconocidas por sectores productivos regionales. En todos los casos, la evidencia señala que la continuidad depende de dos factores: formación flexible y apoyo sostenido.
En el centro barrial de Moreno, los coordinadores del espacio cuentan que muchos jóvenes retoman cursos tres o cuatro veces antes de poder completarlos. No es desinterés: es la realidad cotidiana. Horarios que cambian, traslados largos, tareas de cuidado y trabajos temporales impiden sostener cualquier proceso educativo estructurado. Lo que se repite en ese salón es lo mismo que muestran los informes nacionales: la fragilidad de las trayectorias no es individual, sino estructural.
Fuente TN