El fallo de primera instancia los obliga a restituir alrededor de 5 millones de dólares por haber pagado sobreprecios en la por el GNL.
El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue condenado en un fallo de primera instancia a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta del Estado en una causa por la compra con sobreprecios de Gas Natural Licuado (GNL).
En el mismo expediente también fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el empresario y exdirector ejecutivo de Diligentia S.A., la empresa que actuó como intermediaria en la provisión del gas, Roberto Nicolás Dromi San Martino.
Los dos funcionarios fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta agravada, por lo que se les impuso la pena de 4 años al exministro, y de 3 años y 6 meses al exsubsecretario. En cambio, el empresario obtuvo una pena más leve, de 3 años de cumplimiento en suspenso, por haber sido partícipe necesario.
Al mismo tiempo, el tribunal también ordenó “la restitución de la suma total de dinero detraído consistente en US$ 5.523.345 más los intereses devengados”. En consecuencia, De Vido y Baratta deberán pagar entre los dos una suma de 731.744 dólares y, junto a Dromi San Martino, otra por 4.791.600 dólares.
De acuerdo a los alegatos de la Fiscalía, los funcionarios no desarrollaron un procedimiento competitivo de licitaciones, delegaron irregularmente la gestión operativa en la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), e inobservaron su deber de dictar un reglamento interno de contrataciones, que creó una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos.
A partir de esas contrataciones se creó «un esquema de contratación fraudulenta en el que se pagaron más de 5 millones de dólares en comisiones innecesarias y desproporcionadas a empresas sin antecedentes técnicos, con beneficio directo para particulares allegados a ellos”, aseguró la Fiscalía en el juicio.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°7, a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, y podrá ser revisada en una instancia superior.
El origen de la causa
La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas en 2014 por la Unión de Consumidores de Argentina, la ONG “Paso por Paso Argentina”, y por Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo, en ese entonces, integrantes del PRO.
En la denuncia señalaban “posibles irregularidades vinculadas a la adquisición e importación de gas natural licuado, por parte de los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y ENARSA”, indicó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF).
A partir de la investigación también fue imputado José Roberto Dromi, padre de Roberto Nicolás por “haber intervenido en la maniobra como intermediarios de ENARSA y las empresas proveedoras de GNL, Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, y Gas Natural Fenosa, lo que incidió en el precio abonado por los cargamentos de gas”, agregó el MPF.
Fuente Perfil