El planteo se basa en la condena de la causa Vialidad y busca revertir el fallo de una jueza de Santa Cruz que le había permitido sufragar en las legislativas del 26 de octubre.
El fiscal nacional electoral Ramiro González solicitó este jueves 11 de septiembre que Cristina Kirchner sea sacada del padrón electoral por la condena que recibió en la causa Vialidad. De esta forma, el magistrado busca invalidar el fallo realizado por una jueza de Santa Cruz —donde la presidenta del Partido Justicialista se encuentra empadronada— que declaró inconstitucional quitarle su derecho a votar, impidiéndole participar de esta forma de los comicios del próximo 26 de octubre.
Los jueces Daniel Bejas, Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Vía serán los encargados de decidir si la expresidenta puede votar o no.
González tomó como base para su solicitud el caso de Juan Carlos Villafañe, extitular de Vialidad en Santa Cruz, que fue condenado en la misma causa que CFK, donde se dice que hasta que el poder Legislativo no saque las leyes correspondientes para decidir qué hacer en estos casos específicos, sigue vigente la prohibición de votar y sacar del padrón a las personas que recibieron una pena que ya está firme, detalló Infobae.
Con ese argumento, pidió no aceptar lo resuelto el 18 de julio por la jueza federal subrogante de Rio Gallegos Mariel Borruto, que declaró que los artículos 19 y 12 del Código Penal, y el artículo 3 inciso e del Código Nacional Electoral, que “prevén la privación automática del derecho a votar de los condenados a pena privativa de libertad” eran inconstitucionales.
Como base de su decisión, según el medio ya citado, la magistrada citó la causa “Zelaya”, donde la Cámara Federal de Casación dictaminó que esos artículos «violan derechos fundamentales, como el derecho al voto, la igualdad, la dignidad humana y el principio de resocialización”. En este caso, se le permitió votar a un hombre condenado a prisión domiciliaria por 6 años e inhabilitación por tenencia de estupefacientes.
Otro precedente que usó la jueza, de acuerdo a Infobae, fue la causa «Orazi», donde la Corte Suprema declaró que era inconstitucional prohibirle, de forma automática, el voto a las personas condenadas y le ordenó al Congreso Nacional hacer leyes que le garantizaran ese derecho electoral a los presos. Con respecto a ese tema, Borruto señaló, de acuerdo al medio ya citado: “Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por otra parte, el Código Penal dice que la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos —pena que recibió CFK en la Causa Vialidad— incluye “la privación del derecho electoral”, mientras que el Código Nacional Electoral saca del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.
En este contexto, Clarín informó que González remarcó que la Cámara Nacional Electoral “reconoció el derecho al sufragio de las personas condenadas, pero se sujetó su ejercicio a que el Congreso de la Nación dictara la legislación necesaria para implementarlo”.
Para resumir, como el Congreso no redactó las leyes que le exigía la Cámara Electoral, se puede borrar del padrón a las personas que ya tienen una condena firme en su contra.
El padrón definitivo de votantes debería publicarse el próximo 16 de septiembre, pero existe un plazo adicional de 10 días para resolver errores u omisiones en el listado.
Otro pedido por los derechos de Cristina Kirchner
En junio, el abogado Daniel Llermanos exigió ante la Justicia por su derecho a “tener la opción de votar a la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner como candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral en las elecciones del 7 de septiembre de 2025, y que se suspenda cualquier acto que impida su postulación”.
El letrado pidió la protección de su “derecho constitucional y electoral para elegir libremente a mis representantes, conforme lo garantizan los artículos 1, 37 y 38 de la Constitución Nacional, el artículo 5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN)”.
Fuente Perfil