Es investigado por graves irregularidades en el cumplimiento de su función. Lo acusan de haber armado causas extorsivas y obstaculizado el avance del proceso contra el narco Esteban Lindor Alvarado.
En el marco del juicio que enfrenta por irregularidades en tres causas que estaban a su cargo, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, fue imputado este miércoles y un fiscal pidió su prisión preventiva. La medida, sin embargo, no se puede ejecutar porque aún tiene inmunidad de arresto.
Bailaque está acusado de haber obstaculizado el avance de las investigaciones en la causa contra el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado; de haber armado una causa contra el empresario financiero Claudio Iglesias para extorsionarlo y por haber autorizado giros irregulares de fondos de la cooperativa de estibadores de Puerto General San Martín y de San Lorenzo.
Las imputaciones fueron hechas por los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y Juan Argibay Molina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.
En tanto, el titular de la Procelac, Diego Velasco, pidió la prisión preventiva de Bailaque, la prohibición de salida del país y que se le retenga el pasaporte mientras dure el proceso. Sin embargo, hasta que no sea desaforado no puede ser detenido.
En el día de ayer, además, avanzó el pedido de pruebas en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde también se investiga el accionar de Bailaque. A pesar de las graves acusaciones en su contra, Bailaque negó las acciones que le endilgan.
La investigación contra su accionar comenzó a raíz de numerosas denuncias en su contra, una de ellas presentada la diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini.
Las causas por los vínculos con el narco, extorsión y transferencia de fondos de la cooperativa
Una de las principales acusaciones de Bailaque por obstaculizar la investigación del narco Lindor Alvarado se centra en que en 2014 rechazó el pedido de intervención de los teléfonos de la pareja del criminal, Rosa Capuano, y su socio, Jorge Benegas. Además se señala que el juez tenía el mismo contador que el narco, Gabriel Mizzau.
Bailaque enfrenta además la imputación por extorsión contra el empresario Claudio Iglesias, mediante una causa iniciada en 2019 a partir de una denuncia anónima. La causa la habría armado junto con su secretario, Gustavo Guazzaroni y su amigo Fernando Whpei, para exigirle el pago de coimas. En esa maniobra quedó implicado el ex director de Afip en Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, que declaró como arrepentido y reafirmó los manejos extorsivos.
En cuanto a la imputación por los fondos de la cooperativa de estibadores de Puerto General San Martín y de San Lorenzo, Bailaque es señalado por haber permitido una transferencia de activos a una mutual cuyo titular era su amigo Fernando Whpei. De acuerdo al diario rosarino La Capital, el fiscal Reynares Solari “le atribuyó a Bailaque no haber dado lugar a una recusación en su contra presentada por estibadores que aseguraban que la maniobra estaba dirigida a beneficiar a Whpei”.
Fuente Perfil