En la mesa de «Soy casta» se contrapuso la situación de los inquilinos durante la vigencia de la derogada ley con la actualidad de un sector que sigue presentando dificultades para millones de personas.
En «Soy casta», programa conducido por Carmela Bárbaro que se emite por la pantalla de Bravo TV, se debatió intensamente sobre la actualidad de la situación habitacional tras 16 meses desde la derogación de la ley de alquileres. La medida, oportunamente impulsada por el gobierno de Javier Milei, generó un fuerte cruce de opiniones.
Desde una perspectiva crítica, la periodista Solana Camaño expresó su preocupación por la situación que atraviesan millones de inquilinos: “El Gobierno nacional reivindicó el fin de la ley de alquileres. Durante marzo de 2025, el 30% de los inquilinos se vio obligado a mudarse o no renovó el contrato por la imposibilidad de pagarlo«, expresó.
Camaño remarcó que, desde su punto de vista, una de las principales dificultades que encierra que los contratos sean pactados «libremente» entre las partes es precisamente esa «excesiva libertad para fijar plazos contractuales», arista que, según evaluó, afecta la estabilidad habitacional.
Bárbaro destacó que, a su juicio, la antigua normativa brindaba protección legal a los inquilinos: “Mientras estuvo vigente, la ley ofrecía un marco regulatorio claro y obligatorio para las partes. Aseguraba plazos mínimos, aumentos predefinidos y daba mayor previsibilidad a las familias”, enumeró.
En contrapartida, Leila Gianni, exsubsecretaria legal y técnica de Capital Humano del gobierno de Javier Milei y actual dirigente de La Libertad Avanza (LLA) defendió la desregulación del sector impulsada por el oficialismo y compartió su experiencia personal como inquilina: “Yo firmé contrato de alquiler en marzo del 2024. Encontré mejores posibilidades, pero hay que caminar y buscar”, aseguró. Gianni consideró que la libertad contractual es clave para dinamizar el mercado, y que la regulación anterior había generado una “parálisis” que restaba incentivos para que los propietarios ofertaran sus inmuebles en el mercado.
La derogación de la ley de alquileres fue una de las primeras medidas impulsadas por el presidente. Fue oficializada en diciembre de 2023 por medio del DNU 70/2023. Implicó la eliminación de la duración mínima de tres años, la desaparición de la indexación anual de precios y de la obligación de registrar los contratos ante AFIP. Los contratos firmados desde el 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por dicho DNU, que habilita acordar entre las partes «libremente» tanto la frecuencia como el índice de los aumentos.
Sin embargo, distintas organizaciones como Inquilinos Agrupados y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que la falta de regulación puede dejar a los inquilinos en una situación de extrema vulnerabilidad, en un contexto donde el valor de los alquileres subió más de un 300% interanual, según el último informe de Zonaprop.
A este panorama se suma que, de acuerdo al Observatorio del Derecho a la Ciudad, más del 40% de las familias inquilinas destina actualmente más de la mitad de sus ingresos al alquiler, en un escenario donde los salarios corren por detrás de la inflación.
Además, la vivienda vacía o destinada al turismo temporal creció en grandes centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, desplazando la oferta residencial estable y encareciendo aún más el acceso a la vivienda.
Fuente Perfil