Este miércoles comienza el debate por la presunta defraudación de más de 200 millones de pesos en el programa de viviendas que impulsaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Julio de Vido, José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, entre los principales acusados.
Este miércoles 4 de marzo comienza el juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, uno de los expedientes más emblemáticos sobre el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales durante el kirchnerismo. El inicio del debate se da tras una nueva postergación que reavivó las críticas por demoras en casos de presunta corrupción, debido al riesgo de prescripción que tiene el expediente.
El proceso se desarrollará en el Tribunal Oral Federal N° 5, conformado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, y tiene en el banquillo de los acusados a funcionarios del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La investigación se inició en 2011, a partir de denuncias por presuntos desvíos millonarios en el marco del programa “Sueños Compartidos”, mediante el cual la Fundación construía casas financiadas con fondos del Estado nacional. Con el correr de los años la causa atravesó nulidades, un cambio de juez, planteos de prescripción y discusiones técnicas que dilataron la llegada al debate oral.
El proceso estuvo cerca de comenzar en más de una oportunidad. Aunque se elevó a juicio en 2019, este año se había fijado la primera audiencia para el 11 de febrero, pero debido al cambio de abogado del exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas, Carlos Castellano, uno de los imputados, el tribunal resolvió establecer como nuevo punto de partida este miércoles 4 de marzo.
El expediente investiga el destino del dinero que el Estado giró a Madres de Plaza de Mayo, en ese momento presidida por Hebe de Bonafini, para hacer viviendas en distintas provincias y ciudades del país. Según la acusación, unos 206 millones de pesos habrían sido desviados de su objetivo hacia empresas y bienes personales de los Schoklender y su entorno.
Quiénes son los acusados
Entre los principales acusados se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes tuvieron distintos roles en la administración del programa habitacional. Sus nombres ya eran lamenablemente conocidos desde hacía años en la crónica policial, luego de ser condenados en los 80 por el parricidio de sus padres, Mauricio Schoklender y Cristina Silva Romano.
También está imputado el exsecretario de Obras Públicas José López, recordado por el episodio de los bolsos con dinero en un convento y detenido por la causa Vialidad, así como el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, que cumple condena en Ezeiza por la Tragedia de Once y enfrenta otros procesos penales.
La nómina de acusados incluye además a otros exfuncionarios nacionales, como el mencionado Castellano y Abel Fatala (absuelto en Vialidad), ex subsecretario de Obras Públicas. En la causa también había sido enviada a juicio Hebe de Bonafini, histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, fallecida el 20 de noviembre de 2022.
Sobreseídos y testigos
En diciembre de 2019, Martínez De Giorgi sobreseyó a 25 imputados, entre ellos al senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich; al senador y exgobernador de Santiago del Estero, a Gerardo Zamora; el exgobernador de Misiones, Maurice Closs; el actual intendente de Tigre, Julio Zamora; y el exintendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, por falta de mérito.
El magistrado señaló que los fondos comprometidos «provenían del Estado nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación». En sus declaraciones, mencionaron que desde el Ministerio de Planificación les habían indicado que las obras debían hacerse con el programa «Sueños Compartidos».
Ahora, varios de ellos declararán como testigos en el juicio que se tramitará en el Tribunal Oral Federal N° 5, y cuya acusación estará a cargo del fiscal será Diego Velasco.
La causa Sueños Compartidos
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, en total el Estado nacional le giró a la Fundación entre marzo de 2008 y junio de 2011 un total de 748 millones de pesos para construir viviendas, de los cuales se constató un faltante de $206.438.454, que habrían sido «desviados de su fin específico», entre otros sitios, a financieras.
Las obras debían realizarse en Chaco, Santiago del Estero y Misiones, en las ciudades de Bariloche (Río Negro), Rosario (Santa Fe), en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza. Durante la investigación se determinó que el propio Sergio Schoklender o cadetes enviados por él habían extraído dinero en efectivo de los bancos, y había cheques que lo tenían como beneficiario.
La causa judicial estuvo inicialmente a cargo del difunto juez Norberto Oyarbide, cuya instrucción fue cuestionada y en 2013 terminó siendo apartado por la Cámara Federal porteña. Madres de Plaza de Mayo fue admitida como querellante en el caso —pero no Bonafini de forma individual— contra el exapoderado de la entidad y su hermano, por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad documental.
«Queremos que los responsables vayan a la cárcel para siempre«, había dicho la titular de la organización de derechos humanos en ese momento a la prensa sobre los Schoklender.
El proceso quedó en manos del juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que había intervenido en un expediente vinculado. La causa actual tiene dos tramos, una por el desvío de fondos del programa social y otra por lavado de dinero, supuestamente en la compra de distintos bienes mediante empresas bajo el control de los hermanos. En la segunda se buscará avanzar cuando haya una posible sentencia en la primera.
En 2019, el juez envió la causa a juicio, pero las dilaciones la tienen al filo de la prescripción porque en septiembre se cumplen seis años, plazo equivalente al máximo de pena que se prevé por defraudación pública.
Fuente Perfil