La deuda externa argentina comienza en 1824, con el empréstito de la Baring Brothers. Para la misma época el imperio británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos (México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica) que estaban saliendo de su vinculación con España y querían presentarse como independientes. Canning, el primer ministro, los reconoce. Pero al mismo tiempo Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos, que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban en la región. Para la Argentina esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente.
El primer negociador fue José Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés, llamado Robertson, y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses, llamado Félix Castro.
Ese dinero se iba a destinar, en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron sólo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano, otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró dos años de intereses por adelantado, más un 1 por ciento de amortización de capital: 130.000 libras. La comisión (blanca) por la operación fue de 25.000. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno.
Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default –relata Galasso, sentado en su estudio que es un altillo repleto de libros, recortes de diarios y papeles desplegados por donde se mire– duró hasta 1857, cuando Norberto de la Riestra aparece en escena como el sucesor histórico de García, bajo el gobierno bonaerense de Valentín Alsina. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2,5 millones de libras, contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. “El representante inglés que negocia con De la Riestra les comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales”, detalla Galasso.
Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nación, legitimando lo actuado por Alsina y De la Riestra. Y después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales, para lanzarse a la guerra con Paraguay. Pero, nuevamente, de los 2,5 millones de libras asumidos como deuda, el país recibe sólo 1,9 millón debido a los descuentos por el “riesgo país y las comisiones”.
Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y “para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos”, cuenta Galasso. “Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Sería una de las pocas veces en que existiría contrapartida, porque el drama de la deuda argentina es que la plata se usó para cualquier cosa, sobre todo para robarla, en lugar de ir adonde se suponía. En Brasil, al menos, se ven las fábricas. Se endeudaron, pero se capitalizaron”, describe Galasso. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba los 14,5 millones de libras.
Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En ese sentido, Lucas González, ministro de Hacienda de Nicolás Avellaneda, es identificado por Galasso como el continuador de García y de De la Riestra. Pero en 1890, el gobierno del ultraliberal Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. “Hay dos versiones sobre las consecuencias de este hecho. Una es que la caída de la banca Baring se produce a raíz del default argentino. A mí me parece un poco exagerado. Considero que los problemas se agravaron, pero que ya venían desde 1888”, estima Galasso.
Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda, para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante la gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con la administración del también ultraliberal Manuel Quintana: llega a 120 millones de libras.
Con Yrigoyen se detiene el ascenso. Cuando aparecen gobiernos que son expresión popular, más allá de todos los defectos, contradicciones y debilidades que hayan tenido, la deuda baja. Lo mismo ocurre con Perón, Illia y Cámpora. En su primer gobierno Yrigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones, y él vuelve a achicarlas a 135 millones. Es cierto que la primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con Perón con la Segunda Guerra.
“Con Perón es el único momento en que se llega a la deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones (pero ya de dólares, porque a partir de entonces Galasso hace la conversión) que quedaban”, afirma el historiador. Igualmente, hay un debate respecto a este tema, porque Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares. “Pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Vasena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones”, sostiene el investigador.
Aramburu adhiere al FMI y Krieger Vasena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. “Desde ese momento empieza a tener peso el FMI y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina”, indica Galasso. “Con Frondizi –continúa– la deuda pasa a 1200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Vasena y Alvaro Alsogaray. La deuda sólo desciende durante el gobierno de Illia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2000 millones de dólares y él los achica a 1700 millones. Pero se produce el golpe, pasan Onganía, Levingston y cuando Lanusse entrega el poder la deuda está en 3700 millones de dólares.”
Krieger Vasena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria Deltec Internacional, de capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el Fondo Monetario. “El breve gobierno de Héctor Cámpora reduce la deuda a 3400 millones de dólares, después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca”, sostiene Galasso. Cuando se produce el golpe de Estado la deuda se ubica en 5300 millones de dólares. Pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. “Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera, que enriqueció a unos pocos”, remarca Galasso.
Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes, que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. “Ese dinero necesitan colocarlo en algún lado. La tasa de interés es de 4 por ciento anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero”, ilustra el historiador. Martínez de Hoz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. “Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona”, puntualiza Galasso.
En 1982 se produjo la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5300 a 45.000 millones. Cavallo les dijo a las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat y Techint, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa forma, les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflacionario. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín, evalúa Galasso, intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. “Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esa información se encuentra hoy en el Congreso”, revela. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. “Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos”, recuerda. En 1988, ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem “arregló las cosas, a favor de los acreedores, con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18 por ciento”.
“Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares, y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado, que condiciona el futuro de varias generaciones”, interpreta Galasso. De la Rúa terminó con 132.000 millones. “Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta del Gobierno quedaría en 140.000 millones. Implica un peso tremendo para las generaciones futuras. Habrá que obtener un superávit fiscal que representa un porcentaje muy alto del presupuesto nacional. Habrá pocos recursos para educación, salud y obra pública. Es someterse a una especie de esclavitud permanente”, advierte el investigador. Su conclusión, tras estudiar casi 200 años de historia de la deuda, es que “América latina en algún momento deberá inclinarse por el no pago. Para eso se requiere mucha fuerza política y apoyo popular. A este gobierno no se le puede pedir el no pago”, concluye.

LA EVOLUCION